Los países de la UE pondrán a prueba el lunes el nivel de su solidaridad en migración
Bruselas, 7 dic (EFE).- Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) celebran el próximo lunes una reunión crucial, en la que tratarán de llegar a acuerdos sobre distintas propuestas legislativas relacionadas con el pacto migratorio y de asilo que, entre otras cosas, determinarán la solidaridad (reubicaciones de migrantes y financiación) que los países en primera línea, como España, recibirán a partir del próximo año, cuando se aplique íntegramente el pacto.
El tema que está resultando más difícil de negociar y que llegará más abierto al Consejo de ministros del lunes será el «contingente anual de solidaridad» para 2026 con el que se va a ayudar a los Estados miembros que soportan mayor presión, sobre la base de una propuesta comunitaria que planteó un umbral mínimo anual de al menos 30.000 reubicaciones y pagar 600 millones de euros.
Es un tema «especialmente sensible» del que está habiendo «muchas discusiones», admitieron fuentes diplomáticas, que apuntaron a las diferencias entre los países que piden «adaptar» (en el sentido de reducir) las cifras propuestas por Bruselas, teniendo en cuenta que la aplicación plena del pacto migratorio no tendrá lugar en enero, sino en junio de 2026, es decir, no será un año completo.
Algunas delegaciones piden ajustarlo, por ejemplo, a 15.000 reubicaciones y 300 millones de euros, según indicaron otras fuentes, que añadieron que en el extremo opuesto están los que «no aceptan» esa idea e incluso hablan de aumentar las cifras propuestas por Bruselas hasta las 50.000 o 60.000 reubicaciones.
Además de tener que llegar a un acuerdo sobre el «tamaño» del contingente de solidaridad, el Consejo deberá decidir si deja «exentos» de las obligaciones de asistencia a una serie de países (Austria, Croacia, Polonia, República Checa y Estonia) que así lo han pedido.
Según Bruselas, esos cinco países, junto con Bulgaria, enfrentan una «importante situación migratoria debido a las presiones acumuladas de los últimos cinco años» y tienen la posibilidad de solicitar al Consejo una deducción total o parcial de sus contribuciones al contingente de solidaridad para el próximo año.
Bulgaria, sin embargo, no lo ha solicitado.
Otras propuestas legislativas sobre las que los países tratarán el lunes de llegar a un acuerdo, con vistas a las posteriores negociaciones con el Parlamento Europeo, serán el Reglamento de Retornos y las relativas a los «países seguros», que buscan acelerar la denegación del asilo en los casos de solicitudes infundadas y con ello las devoluciones.
La propuesta de Reglamento de Retornos complementa el Pacto Migratorio y se enmarca en los esfuerzos de los Veintisiete para aumentar la tasa de devoluciones de migrantes irregulares, que desde hace años permanece estancada en torno al 20 %. Esa normativa crea el marco jurídico para que se puedan establecer centros de retornos en terceros países para las personas que han recibido una orden de devolución, idea que a España le plantea reservas.
Además, España quisiera que el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno fuera obligatorio y se creara una orden europea de retorno mientras que la propuesta de compromiso que está ahora sobre la mesa apuesta por un reconocimiento voluntario.
Por último, parece que podría existir una «mayoría suficiente» para sacar adelante en el Consejo el lunes el primer listado de países considerados «seguros» a efectos de no tener que examinar las solicitudes de asilo de quienes procedan de los mismos, que incluyen, además de Marruecos y Colombia, a Bangladés, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como a los países candidatos a la adhesión. España no tiene reservas sobre este dossier, indicaron fuentes diplomáticas.
También se espera un acuerdo sobre el reglamento del «tercer país seguro» que, por ejemplo, permitirá rechazar por inadmisible la solicitud de asilo de una persona cuando exista otro país seguro al que se le pueda enviar y le garantice una protección efectiva, no siendo obligatorio que exista una «conexión» entre la persona y ese territorio, por ejemplo si existe un acuerdo entre la UE o los Estados miembros.
La eliminación de esa conexión plantea a España «dudas jurídicas», según las mismas fuentes, así como sobre el coste/beneficio de esa medida. EFE
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