ONG feminista se disuelve legalmente ante «contexto adverso» en El Salvador
San Salvador, 23 feb (EFE).- La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto anunció este lunes su disolución legal en El Salvador ante el «contexto adverso» de la defensa de derechos humanos en el país, para convertirse en un movimiento regional fuera de la estructura de una oenegé.
La Agrupación Ciudadana, con 20 años de existencia, ha sido una de las principales defensoras de las mujeres salvadoreñas enjuiciadas por supuestamente cometer aborto en El Salvador, donde se encuentra penalizado desde 1998 en cualquier circunstancia, además, posee condenas de hasta 8 años de cárcel para aborto consentido y de hasta 12 años para el aborto agravado.
Sin embargo, la Fiscalía General suele acusar por homicidio agravado a las mujeres sospechosas de abortar y son condenadas con penas superiores a los 30 años.
«En estos años, en El Salvador se agudizó la persecución a periodistas y personas que defienden derechos humanos. Estas situaciones nos hicieron conscientes de que los retrocesos democráticos se profundizarían y que, sin democracia, nuestras luchas estarían en mayor riesgo», informó en un comunicado la organización, que recuerda que han logrado la libertad de unas 80 mujeres.
Indicó que en 2023 solicitaron su disolución como organización legalmente constituida ante el Ministerio de Gobernación «al identificar un contexto adverso para nuestra organización, defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y del acceso a la justicia».
A esto se sumó que en 2025, el Congreso dominado por el partido del presidente Nayib Bukele, y a petición de él, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30 % sobre las donaciones e ingresos de las organizaciones.
«Esta ley limita el trabajo de las asociaciones legalmente constituidas al coartar la libertad de expresión y criminalizar a las organizaciones sociales que defienden derechos humanos. En este contexto, y desde la estructura de una ONG, nuestro trabajo ya no es compatible, por lo que decidimos disolvernos y no inscribirnos en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX)», indica el comunicado.
Varias organizaciones han cerrado operaciones en El Salvador tras la aprobación de esta ley, que también considera responsabilidades penales y ha sido catalogada de «confiscatoria» de los recursos que estos entes reciben de la cooperación.
La Agrupación Ciudadana sostuvo que dan paso a convertirse en «un movimiento amplio y de activismo» llamado ‘La Movimienta (sic) Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas’.
A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está «deteriorado». EFE
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