Opositores a proyecto minero canadiense en Ecuador ratifican que «Kimsacocha no se toca»

Quito, 12 sep (EFE).- La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la provincia ecuatoriana del Azuay (FOA) reiteró este viernes que «Kimsacocha no se toca», en referencia a la zona donde la empresa canadiende Dundee Precious Metals (DPM) pretende desarrollar un proyecto minero, y rechazaron que el presidente Daniel Noboa, traslade la responsabilidad del caso a los gobiernos locales.

La FOA ratificó su posición luego de que Noboa afirmase en una entrevista radial que ve una «altísima» probabilidad de que no se ejecute el proyecto minero canadiense conocido como Loma Larga, en Cuenca, en la provincia del Azuay (sur), aunque advirtió que ello puede acarrear problemas futuros.

Noboa recordó que el Ministerio de Ambiente y Energía solicitó tanto al Municipio de Cuenca como a la Prefectura de Azuay que aporten toda la documentación, informes y estudios sobre los problemas medioambientales que consideran que podría provocar el proyecto.

«Sustenten y responsabilicense por los informes, y se tira abajo el proyecto, así de sencillo, se tira abajo el proyecto. Nosotros no nos vamos a poner de lado de la posible contaminación», recalcó el gobernante.

Consultado si hay una alta probabilidad de que no se de el proyecto, Noboa respondió tajante: «altísima, pero también existe la probabilidad de que haya problemas a futuro».

«Yo no voy a seguir con este proyecto, es más, por eso está el comunicado oficial» para que tanto el Municipio y la Prefectura se hagan cargo de proporcionar los informes y sustentarlos en caso de que el asunto llegue a cortes internacionales, insistió.

«Señor Noboa, no aceptamos chantajes: Cuenca ya decidió Kimsakocha no se toca», respondió la FOA en un comunicado en el que recuerdan que en 2022 la Corte de Justicia del Azuay ordenó suspender las actividades mineras en Kimsakocha, hasta que la empresa cumpla con cuatro reparaciones, entre ellas la consulta previa libre e informada en la comunidad de Escaleras. Esta sentencia fue ratificada en 2023, «consolidando una victoria judicial», dijo.

Además, en 2024 la Corte Constitucional no admitió la apelación interpuesta por DPM y ratificó la constitucionalidad de la consulta popular de Girón, donde el pueblo se expresó claramente en contra de la minería, recordó al señala que «se han ganado dos procesos en la justicia ordinaria y dos procesos en la justicia constitucional».

Han sido los distintos gobiernos de turno, desde 1994 hasta la actualidad, quienes han promovido y auspiciado la minería en un territorio donde esta actividad «jamás ha sido ni será compatible con la vida, el agua y los páramos de Kimsakocha», anotó al considerar que «pretender cargar esta responsabilidad a municipios y prefecturas es un acto de manipulación política y de evasión de la verdadera responsabilidad estatal».

La FOA apuntó que si Noboa realmente no quiere continuar con este proyecto, debe demostrarlo con hechos inmediatos, entre otros, separar de sus funciones a las ministras de Ambiente y Minas, «responsables de avalar la minería en Kimsakocha, de legitimar una consulta fraudulenta en Escaleras y de entregar una licencia ambiental irregular» a DPM, empresa minera transnacional operadora del proyecto Loma Larga.

Reciente denuncia

El proyecto Loma Larga, en el que se prevé una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para la construcción de las instalaciones de la mina, abarca el Área Nacional de Recreación Kimsakocha, un espacio de gran importancia ambiental.

Para la fase de explotación se prevé que Loma Larga mantenga alrededor de 500 empleos directos con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro.

En 2021, los cuencanos votaron en una consulta popular contra las actividades extractivistas en el territorio, un resultado que ciudadanos y organizaciones sociales utilizan para defender la paralización de la instalación.

La oposición a este proyecto minero está encabezada por el excandidato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez, quien cree que provocaría la desaparición del complejo de lagunas de Kimkacocha, algo que la empresa niega.

El pasado 26 de agosto, Pérez denunció a Noboa, a su esposa Lavinia Valbonesi y a DPM por presunto tráfico de influencias y cohecho.

Según Pérez, la empresa habría supuestamente obtenido en junio de este año la licencia ambiental para desarrollar el proyecto mediante un aparente «fraude», después de presuntamente haber entregado donaciones a Valbonesi, que tiene una fundación para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. EFE

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