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Organismo de DDHH alerta de un alza en feminicidios y violencia estatal en Kenia en 2025

Nairobi, 9 dic (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, en inglés) alertó sobre cientos de feminicidios en el país africano durante los primeros meses de 2025 y denunció graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, según su informe anual difundido este martes.

“Informes del Centro Nacional de Investigación Criminal (NCRC) y del Servicio Nacional de Policía (NPS) indicaron que hubo más de 100 casos de feminicidio durante los primeros tres meses de 2025”, indicó el documento de KNCHR.

De acuerdo con los reportes policiales, al menos 129 mujeres fueron asesinadas entre enero y marzo, concentrándose la mayoría de los casos en los condados de Busia y Nandi, al oeste de Kenia, y en West Pokot, en el noroeste.

Mientras que en 2024 el “Proyecto Silenciando a las Mujeres” (Silencing Women Project) registró 170 feminicidios en todo el país.

En respuesta, la presidencia de Kenia estableció en enero un Grupo Técnico de Trabajo sobre Violencia de Género y Feminicidio (GBV & Femicide), con el objetivo de identificar tendencias, zonas de riesgo y causas de estos delitos, así como proponer reformas legales para fortalecer la ley y mejorar su aplicación.

La KNCHR expresó preocupación por las investigaciones policiales inconclusas y exhortó a garantizar que los responsables de feminicidios y otros delitos sean llevados ante la justicia.

Violencia institucional

En materia de violencia institucional, el organismo documentó 57 muertes durante las protestas de junio y julio pasado por disparos de policías y asesinatos ocurridos bajo custodia.

Registraron 661 violaciones del derecho a la libertad y seguridad personal, incluidas 15 desapariciones forzadas atribuidos a agentes policiales.

“La Comisión también está preocupada por la falta de plena aplicación, ocho años después, de la Ley Nacional de Médicos Forenses, que respalda las investigaciones sobre muertes causadas por actos delictivos violentos, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia”, subrayó el informe.

También se reportaron casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en el Valle del Rift durante operativos de seguridad, así como un resurgimiento de bandas criminales vinculadas a actores políticos y empresariales.

La KNCHR también alertó sobre el uso excesivo de fuerza en las elecciones parciales de noviembre pasado, donde se registraron tres muertes, destrucción de bienes y sobornos a votantes.

En 2025 aumentaron las agresiones contra periodistas, incluidos golpes, destrucción de equipos y bloqueos durante protestas y actos estatales, afectando a reporteros de medios nacionales.

En cuanto a derechos de grupos y comunidades, el organismo denunció el desalojo de la comunidad indígena Sengwer en el bosque Embobut al oeste de Kenia, donde las autoridades han intervenido para expulsar a los habitantes de sus tierras ancestrales.

Además, advirtieron sobre el incumplimiento por parte del Gobierno del presidente William Ruto de las órdenes de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en relación con el caso de la comunidad Ogiek, quienes reclaman la restitución de sus tierras en la región de Mau, al noroeste del país, un área de valor ambiental y agrícola.

En materia de refugiados, se deportaron a cuatro solicitantes de asilo de nacionalidad turca, así como represión policial en el campamento de refugiados de Kakuma, en el condado de Turkana (noroeste), durante protestas de desplazados por escasez de alimentos y agua.

En total, la KNCHR documentó 2.848 denuncias por violaciones de derechos humanos, de las cuales 1.381 correspondieron a derechos económicos, sociales y culturales; 1.173 a derechos civiles y políticos; y 299 a derechos de grupos y comunidades.

Servicios públicos

Aunque el informe valoró el aumento presupuestario en salud, señaló problemas persistentes en retrasos de pagos del nuevo Sistema de Autoridad Social de Salud (SHA), conflictos laborales y denuncias de tráfico de órganos que afectan a personas vulnerables.

En educación, alertó sobre tardanzas en la entrega de fondos escolares y desigualdades de acceso, especialmente para alumnos con discapacidad.

Respecto a la vivienda, remarcó desalojos de asentamientos informales y pidió mayor transparencia en el programa de vivienda asequible, que cuenta con 148.465 unidades en construcción en 43 condados.

El reporte reconoció medidas anticorrupción, como la entrada en vigor de la Ley de Conflictos de Intereses de 2025, que obliga a funcionarios y políticos a declarar intereses financieros y evitar decisiones oficiales favorezcan sus propios intereses o los de familiares y asociados.

Sin embargo, advirtió que los sobornos siguen afectando los servicios públicos en salud y transporte y recordó que Kenia ocupa el puesto 121 de 180 en el índice de percepción de la corrupción. EFE

aam/lar

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