Panamá toma el control de dos puertos que operaba la hongkonesa Hutchison en el canal
Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos.
Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.
«Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan», dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino.
La medida fue considerada «ilegal» por Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, que denunció las «acciones confiscatorias» del gobierno. Estados Unidos la celebró.
PPC «objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación», indicó la firma en un comunicado».
La toma, que según las autoridades transcurre sin incidentes, se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.
«El Estado es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado», dijo PPC, al advertir que la intervención genera «serios riesgos» en las terminales.
El «decreto de ocupación» dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación.
APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- administrará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares, mientras Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal en un acuerdo por casi 16 millones de dólares, informó el gobierno.
– EEUU celebra –
Hutchison, que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), había anticipado acciones legales si se tomaban los puertos sin su consentimiento.
China además amenazó a Panamá con hacerle pagar «un alto precio» por cancelar la concesión.
«Es muy bueno para el pueblo de Panamá (…) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo», declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa 5% del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía, que décadas después transfirió a Panamá.
Aunque Mulino rechazó meses atrás el supuesto control chino, este lunes denunció que PPC había convertido los puertos en «territorio autónomo», pues las autoridades no tenían acceso a información sensible.
La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que «no habrá despidos» en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.
«Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro», manifestó a la AFP un operario de Balboa.
Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38% de ellos por los que operaba Hutchison.
Temprano, Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison.
«Se reconoce que los equipos son de la empresa», sostuvo, al indicar que luego se buscará un acuerdo económico con Hutchison sobre esa maquinaria.
– Negocio en duda –
Alemán Zubieta estimó que el proceso de impugnación ante la ICC en París durará «muchísimos años».
Hutchison buscó in extremis un acuerdo con el gobierno para seguir administrando los puertos y evitar un «caos», y que un tercero tomara «bienes que no le pertenecen», según declaró la semana pasada Alejandro Kouruklis, portavoz de PPC.
La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba en Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.
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