Países Bajos ayuda a la CPI a blindarse ante el riesgo de nuevas sanciones de Trump
La Haya, 12 dic (EFE).- Países Bajos, como país anfitrión, está ayudando a la Corte Penal Internacional (CPI) en sus preparativos para hacer frente a posibles nuevas sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Gobierno neerlandés admite que lleva meses trabajando en planes de contingencia ante un escenario de sanción de todo el tribunal como institución.
El ministro neerlandés de Exteriores en funciones, David van Weel, aseguró al programa de la cadena pública Nieuwsuur que Washington ha transmitido nuevas advertencias al tribunal y a sus países miembros. “Con todos los Estados miembros pedimos a Estados Unidos que no lo haga”, señaló, y subrayó que el Gobierno neerlandés está obligado a estar preparado: “Si ocurre, veremos cómo hacerles frente”.
El riesgo principal es que una sanción general aplicada a la CPI como organización, y no limitada como hasta ahora a algunos de sus funcionarios (jueces y fiscales), impediría a las empresas estadounidenses ofrecer servicios al tribunal en su totalidad, lo que comprometería desde los servicios bancarios hasta los sistemas de correo electrónico.
Según Van Weel, el Gobierno neerlandés trabaja ya para trasladar esos servicios vitales para el funcionamiento del tribunal a proveedores no estadounidenses. “La gente ya no podría usar servicios bancarios ni programas de correo electrónico. En todos los ámbitos donde ahora se utilizan servicios estadounidenses habrá que buscar alternativas”, advirtió, lo que podría ir desde Microsoft y Google hasta redes bancarias de Visa y Mastercard.
Países Bajos asiste a la Corte tanto en la búsqueda de soluciones técnicas como en gestiones diplomáticas con otros países miembros, con el objetivo de reducir los efectos de la presión estadounidense sobre la institución. “No tenemos una verdadera nube europea ni grandes compañías tecnológicas en Europa. Así que, al margen de la CPI, Europa en general tiene trabajo pendiente”, admitió el ministro interino.
Como país anfitrión, tiene la responsabilidad legal de garantizar que la CPI pueda seguir funcionando incluso bajo esas posibles sanciones. “Hace tiempo que trabajamos en estas medidas, aunque esperamos, por supuesto, que no sean necesarias”, afirmó Van Weel.
Las sanciones anteriores impuestas por Trump, que afectaron a tres fiscales y a seis jueces, por la investigación de la CPI sobre Israel por sus presuntos crímenes en Palestina, ya demostraron un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.
La jueza canadiense Kimberly Prost relató que las medidas la dejaron sin tarjetas de crédito y le complicaron gestiones del día a día, como “pedir un taxi” o “comprar una entrada” para un espectáculo, y calificó la nueva amenaza como “el ataque más directo posible a la independencia judicial y al Estado de derecho”.
También subrayó que las sanciones buscan impedir que el tribunal examine ciertos casos y recalcó la gravedad del momento, pero, pese al riesgo, la magistrada aseguró que el tribunal seguirá trabajando incluso si debe recurrir a métodos tradicionales. “Esta intimidación nunca afectará a la manera en que desempeñamos nuestras funciones. Los jueces trabajamos con pruebas y hechos. Hemos jurado hacerlo. No nos dejaremos detener”.
El posible nuevo paquete de sanciones llegaría en un momento especialmente sensible, con la CPI manteniendo vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant por, entre otras cosas, el uso del hambre como método de guerra en Gaza, así como con investigaciones sobre presuntos crímenes en Afganistán, que podrían implicar no solo a los talibanes, sino también al Ejército estadounidense. EFE
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