«Persecución» contra defensores de DDHH en El Salvador busca «sembrar miedo», reitera AI
San Salvador, 30 oct (EFE).- La organización independiente Amnistía Internacional (AI) reiteró este jueves que la «persecución» contra defensores comunitarios y de derechos humanos en El Salvador busca «sembrar miedo», esto un día después que la Justicia del país centroamericano decidiera que dos activistas, detenidos desde mayo pasado y procesados penalmente por desórdenes y resistencia, permanezcan en detención.
AI señaló que Alejandro Henríquez, abogado y ambientalista, y José Ángel Pérez, líder comunitario y pastor evangélico, «seguirán injustamente en prisión después de que se les negara un recurso legal para seguir su juicio en libertad».
Para la organización, que exigió en un hilo de mensajes en X la liberación «inmediata e incondicional» de Henríquez y Pérez, «criminalizar a quienes defienden derechos humanos es inaceptable».
«La persecución contra defensores comunitarios en El Salvador busca sembrar miedo y silenciar a quienes protegen la tierra y exigen justicia», publicó y aseguró que «defender derechos no es un delito. La criminalización debe terminar ya».
«Alejandro y José Ángel no deben pasar ni un día más en prisión. La comunidad internacional debe alzar la voz y exigir: ¡Libertad inmediata e incondicional!», añadió.
Los salvadoreños y Pérez asistieron el miércoles a una audiencia especial de revisión de medidas cautelares en el Centro Judicial de la localidad de Santa Tecla, ciudad cercana a la capital salvadoreña, donde la jueza a cargo rechazó la solicitud de la defensa que ambos continuarán el proceso penal en su contra en libertad.
Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país.
El pasado 30 de mayo, el joven abogado y el líder comunitario enfrentaron la audiencia inicial del proceso penal en su contra y el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretarles libertad condicional, ordenó detención provisional y un período de seis meses para la etapa de instrucción -investigación por parte de la Fiscalía-.
Esta etapa debería cumplirse en diciembre, según dijo a EFE la abogada Emperatriz Flores.
Este caso ha sido rechazado por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, ya que se da en un contexto de «criminalización» y «detenciones» contra activistas y críticos del Gobierno del presidente Bukele, según han denunciado las ONG. EFE
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