Piden multas millonarias y hasta 8 años de cárcel a Lafarge por financiar el terrorismo
París, 16 dic (EFE).- La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) francesa solicitó este martes multas millonarias contra la cementera Lafarge y cuatro de los ocho exdirectivos que se sientan en el banquillo de los acusados, para los que pidió hasta ocho años de prisión, en un caso de financiación del terrorismo en Siria.
La PNAT reclamó una multa de 1,12 millones de euros contra el grupo, mientras que para el exdirector general de Lafarge Bruno Lafont solicitó una pena de seis años de prisión con orden de arresto, una multa de 225.000 euros y la inhabilitación durante diez años para ejercer cualquier cargo comercial o industrial, así como para dirigir empresas.
La pena más severa solicitada, ocho años de prisión, fue para el intermediario sirio Firas Tlass, juzgado en rebeldía y sobre el que pesa una orden de arresto internacional.
En cuanto a la persona jurídica Lafarge SA, la Fiscalía Nacional Antiterrorista también solicitó la confiscación parcial de sus activos por un importe de 30 millones de euros.
La PNAT también pidió una multa aduanera solidaria de 4,57 millones de euros a cuatro de los acusados y a la empresa por el delito de violación de sanciones financieras internacionales.
En este caso, Lafarge es sospechosa de haber pagado varios millones de euros en 2013 y 2014, a través de su filial siria Lafarge Cement Syria (LCS), a grupos rebeldes yihadistas en Siria para proteger la actividad de su planta de Jalabiya, ubicada en el norte del país.
Según la acusación, todos los acusados, «con el afán de obtener beneficios para la entidad económica a la que servían, o en algunos casos para beneficio personal directo, organizaron, validaron, facilitaron o implementaron una política que implicaba la financiación de organizaciones terroristas con base en la cementera de Jalabiya», situada a 87 kilómetros de Raqqa.
Entre estos grupos terroristas se encontraban Frente al Nusra, la filial siria de Al Qaeda, y el Estado Islámico (EI).
La cadena de acontecimientos que llevó a Lafarge a involucrarse en el conflicto sirio, revelada en Francia por una investigación del diario Le Monde en junio de 2016, comenzó a finales de la década de 2000.
Para consolidar su presencia en la región, la cementera adquirió en 2008 la empresa egipcia Orascom, entre cuyos activos figuraba una fábrica en construcción en Jalabiya, cerca de la frontera turco-siria.
Dos años después, se terminó la planta de cemento LCS, que supuso una inversión de 680 millones de dólares (590 millones de euros), con una amortización prevista a veinte años.
La planta apenas había comenzado a producir a principios de 2011 cuando estallaron importantes manifestaciones en el sur de Siria, que rápidamente se extendieron a las principales ciudades y el país se sumió en la guerra civil.
En los meses siguientes, todas las empresas francesas (Total, Air Liquide y la quesera Bel) se retiraron salvo Lafarge, que a finales de 2012 era el último grupo francés que seguía operando en Siria.
El monto total pagado a los grupos yihadistas ha sido elevado a cinco millones de euros por la Fiscalía Nacional Antiterrorista.
La acusación mantiene que Lafarge «podría haber cesado las operaciones en la planta en cualquier momento» y que, al aceptar pagar a estos grupos, la empresa había evaluado «los beneficios que podía obtener». EFE
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