Solicitud de moratoria para los grandes proyectos de represas
Un día después de presentado el proyecto de la Comisión mundial de represas en Londres, aquí en Suiza se retoma la crítica en contra de la construcción de diques y se solicita una moratoria para la planeación y financiación de nuevos proyectos.
La Comisión mundial sobre las represas presentó el jueves 16 de noviembre su informe final, al término de su mandato de dos años, iniciado en junio de 1988, y concluido justamente en este mes de noviembre de 2000.
Un informe que no convenció a todos aquellos que esperaban la solicitud de una moratoria a todos los proyectos actuales para la construcción de diques. Sin embargo algo quedó claro en este documento de 400 páginas: respeto a la población concernida en los proyectos para la creación de presas.
La Comisión, en la que colaboran especialistas, representantes gubernamentales y defensores del medio ambiente, señala en su informe que entre 40 a 80 millones de personas han sido desplazadas en contra de su voluntad, debido a la construcción de represas en el mundo.
Bajo este argumento, aquí en Suiza, la Declaración de Berna (DB), relanzó este viernes sus esfuerzos por impedir la construcción de presas sin el debido análisis de la situación de los pobladores cercanos a la región donde se proyecta la realización de estas edificaciones.
Concretamente esta organización no gubernamental helvética pide al Banco Mundial, impulsor de la Comisión sobre las represas; y a los órganos de garantía de riesgos a la exportación, que analicen y tomen en cuenta las recomendaciones de esta delegación mundial para la futura planeación y dirección de los proyectos hidráulicos y energéticos.
La Declaración de Berna inició en 1997 una campaña en contra de la concreción de uno de los proyectos más controversiales actualmente: la represa de las Tres Gargantas en el río Yang Tse Kianag, arteria vital y económica de China central.
Se trata del mayor proyecto hidroeléctrico de la historia para crear un lago de 600 kilómetros de largo sobre el también llamado Río Azul, una tarea que, de concretarse desplazará a 1.800.000 personas.
En sus esfuerzos, la DB ha denunciado que en la construcción de este macroproyecto se encuentran dos empresas suizas, Sulzer y ABB, quienes han obtenido de las autoridades suizas el consentimiento de una garantía contra los riesgos de la exportación (GRE).
La indemnidad pública, de 365 millones de francos que cubre ciertos riesgos que pueden correr las empresas helvéticas que invierten en el extranjero, ha sido muy criticada por diversas organizaciones en Suiza que califican de inaceptable que dinero público sostenga un proyecto como este, que viola los derechos del hombre y contradice las líneas directrices Norte-Sur del Consejo Federal y de la ley GRE.
Las autoridades suizas han indicado que analizarán detalladamente el informe de la Comisión sobre las represas antes de tomar posición al respecto.
swissinfo y agencias
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