¿Juzgarán a los líderes rusos por crímenes de guerra cometidos en Ucrania?
A petición de 39 Estados miembros, entre ellos Suiza, la Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre la guerra en Ucrania. Otros tribunales también dan curso a denuncias de Ucrania tras la invasión rusa. Analizamos las probabilidades de que Rusia y sus gobernantes sean responsabilizados por sus hechos.
La CPI es el único tribunal internacional que, potencialmente, podría juzgar penalmente a las personas responsables, incluido Vladimir Putin. Pero Ucrania también se ha querellado contra el Estado ruso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sergei Vasíliev, un experto ruso y neerlandés de Derecho penal internacional de la Universidad de Ámsterdam, sostiene que Ucrania ha actuado de un modo extraordinariamente resuelto y sorprendente tras la invasión rusa, sobre todo si se tienen en cuenta las circunstancias. “Probablemente fueron abogados expertos en Derecho internacional quienes tomaron la iniciativa, trabajando desde los búnkeres y apoyándose en la ayuda de la diáspora”, explica a SWI swissinfo.ch.
La cuestión es con qué rapidez y efectividad se avanzará con estos pasos. Antes que nada, estos procedimientos van a necesitar su tiempo. Ya el lunes de la semana pasada, la CIJ escuchó la causa de UcraniaEnlace externo, que alegó que Rusia ha abusado y violado deliberadamente la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Kiev afirma que Rusia acusó falsamente a Ucrania de genocidio contra los separatistas rusoparlantes del Dombás para legitimar su invasión. La CIJ tenía luego que escuchar la respuesta de Rusia el pasado martes, pero los representantes rusos no comparecieron. Y como una sentencia final podría llevar años, Cecily Rose, experta del CIJ de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, estima que el tribunal podría emitir una resolución dentro de una o dos semanas, ordenando “medidas provisionales” contra Rusia para que detenga su invasión.
¿Lo tomará en cuenta Rusia? Marco Sassoli, profesor de Derecho internacional en la Universidad de Ginebra, lo duda. “Parece que a Rusia ya no le importa el derecho internacional”, dice. No obstante, cree que aun así tiene su importancia para los anales de la historia porque de este modo se podría prevenir que “revisionistas luego digan que Putin tenía razón”. Rose también es pesimista sobre la posibilidad de que tal orden pudiera detener de inmediato la maquinaria militar rusa, aunque cree que tal vez podría facilitar un cese al fuego y negociaciones de paz.
El TEDHEnlace externo ya ha ordenado medidas provisionales, advirtiendo a Rusia que “se abstenga de ataques militares contra civiles y objetos de carácter civil” y de otras violaciones del Derecho internacional humanitario.
Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Con sede en La Haya (Países Bajos), es el más alto tribunal de la ONU y resuelve los litigios entre Estados, con base en los tratados y convenios internacionales. No puede procesar a individuos. Sus sentencias son vinculantes, pero no tiene ningún mecanismo de ejecución.
Corte Penal Internacional (CPI)
También tiene sede en La Haya. Fue creada en 2002 bajo el Estatuto de Roma. No es un tribunal de la ONU, pero cuenta con muchos países de la ONU como miembros, aunque no con Estados Unidos, China, Rusia ni Ucrania. Sin embargo, Ucrania reconoció su jurisdicción tras la anexión rusa de Crimea en 2014. La CPI puede, en determinadas circunstancias, procesar a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en cualquier parte del mundo. En 2017 también introdujo el “crimen de agresión”, pero solo puede juzgarlo en condiciones restrictivas. Puede dictar órdenes de detención internacionales contra personas, pero depende de los Estados miembros para detenerlas. No tiene una fuerza policial propia.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
Con sede en Estrasburgo (Francia), no debe confundirse con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. El CEDH fue creado en 1959. Se pronuncia sobre solicitudes individuales o estatales que alegan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tanto Rusia como Ucrania han ratificado. Las decisiones del Tribunal son vinculantes, pero tampoco tiene un mecanismo de ejecución.
La CPI abre una investigación
Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero Ucrania aceptó su jurisdicción tras la anexión rusa de Crimea en 2014. La corte puede conducir procedimientos contra individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En 2017, la CPI tipificó como justiciable el crimen de agresión, aunque bajo condiciones restrictivas. Solo podrá enjuiciar este delito si ambos Estados interesados son miembros, lo cual no se da en este caso, o si el Consejo de Seguridad de la ONU recurre a la corte, lo cual es poco probable dado que Rusia tiene el derecho de veto en este organismo. Por lo tanto, en este caso, la CPI solamente podría iniciar acciones penales por los demás crímenes.
Sassoli señala que Putin ha cometido claramente un delito de agresión; crímenes de guerra, sin embargo, son mucho más difíciles de probar, dado que hay que establecer un vínculo directo entre la persona investigada y un ataque deliberado contra civiles. En este caso, la práctica de las pruebas también podría complicarse por el hecho de que Ucrania esté incentivando a la población civil a fabricar explosivos caseros. Si los civiles lanzan estos artefactos contra soldados rusos, se convierten en objetivos legítimos de ataque, conforme al Derecho internacional humanitario (DIH), explica Sassoli. Ucrania también vulnera el DIH cuando hace desfilar por los medios sociales a los prisioneros de guerra rusos capturadosEnlace externo.
No obstante, han aparecido noticias sobre ataques rusos a edificios residenciales, en los que se han utilizado armas prohibidas y ataques lanzados contra instalaciones contiguas a centrales nucleares, que potencialmente podrían causar una catástrofe aún más grande. También hubo acusaciones contra soldados rusos por cometer violaciones. Y los refugiados ucranianos —cuyo número supera ya los dos millones y sigue aumentando— tendrán, sin duda, sus propias historias que contar, también ante los tribunales.
Según Vasíliev, la CPI se ha movido hasta ahora por “terreno resbaladizo” en Ucrania. En 2014 inició una “investigación preliminar”, a la que, sin embargo y hasta ahora, no ha dado prioridad. No obstante, al anunciar la apertura de una investigacióEnlace externon el 28 de febrero, el fiscal de la CPI, Karim Khan, manifestó que existen “motivos razonables para creer que en Ucrania se han cometido tanto crímenes de guerra como crímenes contra la humanidad”, y añadió que se ampliaría la investigación a todas las regiones del país. También exigió más recursos, afirmando que “la importancia y la urgencia de nuestra misión son demasiado sustanciales como para dejar que su éxito dependa de la disponibilidad de recursos”.
La CPI ya tiene desplegados investigadores en la región, de acuerdo con Vasíliev, aunque no está claro si se encuentran en países vecinos como Polonia, adonde están llegando los refugiados, o en la misma Ucrania. Sassoli sostiene que esto podría ser una oportunidad para impulsar la credibilidad de la CPI, pero que al mismo tiempo debería actuar con mucha precaución. Si el tribunal actúa de manera rápida en Ucrania, pero continúa siendo lento en los casos de Afganistán, Gaza o Georgia, por ejemplo, el organismo será acusado de actuar bajo la presión de Occidente.
¿Podría ser detenido Putin?
A la pregunta de si la CPI podría emitir una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin, Sassoli responde que el tribunal actuó de manera bastante valiente en el pasado: por ejemplo, su investigación sobre AfganistánEnlace externo incluye crímenes presuntamente cometidos en ese país por los Estados Unidos y sus aliados. No obstante, considera más probable que los delitos más fáciles de probar pudieran ser los testimonios de los “pobres reclutas rusos”, a los que la propaganda rusa les hizo creer que iban a liberar Ucrania de un genocidio, según la información que nos ha llegado.
Vasíliev cree que algún día la CPI podría emitir una orden de captura contra Putin, aunque lo haría probablemente en secreto por miedo a que la situación se agravara sobre el terreno. Pero entonces se plantearía un nuevo problema, explica a SWI swissinfo.ch. Como jefe de Estado en ejercicio de un país que no es miembro de la CPI, Putin goza de inmunidad diplomática que le protege de la detención y del procesamiento, por lo que la CPI no puede emitir una solicitud a los Estados miembros para detenerle. La CPI no dispone de un cuerpo de policía propio y depende de los Estados miembros para ejecutar las órdenes de detención.
Por lo tanto, si Putin volviese a Ginebra para negociar la paz, seguramente no sería detenido. Vasíliev considera improbable que Putin sea detenido, al menos no hasta que deje su cargo de manera voluntaria o por la fuerza.
Jurisdicción universal y comisiones de investigación
No obstante, Putin y su séquito van a ser precavidos a la hora elegir el destino de sus viajes a causa del principio de la “jurisdicción universal”. Los Estados que han incluido este principio en su legislación —entre los cuales se encuentra Suiza—, podrán detener a presuntos responsables de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) en su territorio y someterlos a juicio en tribunales nacionales. Los Países Bajos han incluido bajo este principio también el crimen de agresión.
Por miedo a ser detenidos algún día, también los oligarcas rusos podrían no sentirse muy seguros si decidieran viajar a determinados países, enviando a sus hijos a colegios suizos o viniendo a Suiza para esquiar, dice Sassoli. Queda por ver qué pasará, pero todo ello supone aún más presión para el presidente ruso.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra aprobó la semana pasada la creación de una comisión de investigación compuesta por tres miembros para examinar posibles violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en Ucrania. Su mandato concreto consiste en investigar e identificar a “personas y entidades” responsables y en conservar pruebas “para futuros procedimientos judiciales”. El Consejo de Derechos Humanos no es un tribunal, aunque podría contribuir a suministrar material para los litigios. También la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa lleva a cabo sus investigaciones.
Dados los condicionantes específicos de su mandato y sus recursos, la CPI no podrá llevar adelante más que algunos casos principales. Por eso, Vasíliev cree que será necesaria una acción concertada. “Los actores responsables deberían aunar esfuerzos para reunir y diligenciar pruebas de crímenes principales en Ucrania”, apuntó en un blogEnlace externo reciente. “El engranaje del sistema judicial es lento, pero ya se ha puesto en marcha. Esto no es un consuelo, sino un llamamiento a la acción.”
Traducido del inglés por Antonio Suárez
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