Reformas penales en El Salvador buscan silenciar voces críticas, dice diputada opositora

San Salvador, 24 jul (EFE).- La diputada de la oposición Cesia Rivas, del partido minoritario Vamos, señaló este miércoles que una serie de reformas penales propuestas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele pretenden silenciar a las voces críticas en El Salvador.

Rivas, que es suplente de la diputada Claudia Ortiz, dijo que «el fin de esto (las reformas) es seguir metiendo miedo y seguir callando las voces de aquellos que no estamos de acuerdo».

La legisladora se mostró preocupada, dado que estas reformas propuestas por Bukele, en el contexto de la implementación en el país de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, «van a permitir que un ciudadano pase detenido sin investigación por lo menos de 5 a 10 años».

«Eso es inaudito, es gravísimo en temas de derechos humanos. No es posible en el país que se supone es el más seguro del mundo se estén dando penas que deben alarmarnos a todos», lamentó.

Indicó que la ciudadanía debería estar preocupada, dado que el sistema de Justicia «ha tenido detenidas a personas inocentes» en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

El lunes, la directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo a EFE que estas reformas presentadas por funcionarios del Gobierno de El Salvador para que el tiempo máximo de detención provisional sea equivalente a la mitad de la pena de cada cargo imputado generaría condenas adelantadas.

De acuerdo con publicaciones de medios locales, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, reformar el Código Procesal Penal, con lo cual, si un delito tiene una pena máxima de 10 años de cárcel, la detención provisional podría llegar hasta los 5 años antes de que exista una sentencia.

La normativa actual establece que la detención provisional para delitos menos graves no puede superar los 12 meses, mientras que en cargos graves es de 24.

Con la reforma, si son varios los delitos imputados, la detención sería la mitad de la pena máxima del cargo con más tiempo de prisión, según informaron los medios salvadoreños.

El SJH avisó a las Naciones Unidas, según informó el martes, sobre las posibles violaciones a derechos humanos que se darían de aprobarse esta reforma.

A finales de marzo de 2022, el Congreso de mayoría oficialista reformó el Código Procesal Penal para que las personas en general acusadas de homicidio, extorsión y tráfico de drogas se mantengan bajo esta medida hasta que la sentencia esté «firme».

Esta enmienda se dio en el marco de un endurecimiento de penas contra las pandillas tras la aprobación de un régimen de excepción, vigente desde esas fechas, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.

Dicho régimen ha dejado más de 80.100 detenciones y más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre ellas torturas, y más de 300 muertes en custodia estatal.EFE

hs/sa/mt/afcu