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Ginebra asiste a los abogados de los criminales de guerra

Keystone

La defensa de personas acusadas de crímenes contra la humanidad se amplía. Las facultades de Derecho de la Universidad de Ginebra y del IUEID firmaron un reciente acuerdo de colaboración con los Tribunales Internacionales de la antigua Yugoslavia y de Líbano.

Este contenido fue publicado el 19 octubre 2009 - 17:16

¿Podemos hablar de conflicto interno en una región que reclama una independencia todavía no reconocida internacionalmente, como Kosovo hace algunos años?

¿Qué estatuto atribuir a un testigo que es acusado, por otro lado, en otro caso? ¿Qué lugar dar a las víctimas en los juicios de crímenes masivos? ¿Qué hacer a un criminal de guerra que reconoce sus crímenes y se arrepiente?

Son algunas de las numerosas cuestiones que falta elucidar a la justicia penal internacional, en auge pero en resumidas cuentas todavía muy joven.

Para reforzar la defensa de los acusados, hasta ahora dejados por su cuenta en los procesos internacionales, el pasdo 5 de octubre se firmó un acuerdo en Ginebra entre las Oficinas de la Defensa ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Especial para Líbano (TSL) y, por otra parte, la Facultad de Derecho, el Instituto de Estudios Superiores Internacionales y del Desarrollo y la Academia de Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Esta iniciativa, que emana de Oficinas establecidas en la Haya, es inédita.

"Las Oficinas de la Defensa confiarán investigaciones jurídicas a grupos de estudiantes de Ginebra", explica Robert Roth, profesor de Derecho Penal y corresponsable, con Paola Gaeta y Andrea Bianchi, del proyecto. "El equipo de estudiantes así constituido efectuará las investigaciones bajo nuestra supervisión y entregará luego un informe a la oficina mandataria de la Defensa".

Riesgos de manipulaciones

Los términos del acuerdo prohíben cualquier contacto directo entre los estudiantes y los acusados. "Esta distancia es esencial para protegerlos de riesgos de manipulación", precisa el profesor de Derecho. "Se trata de evitarles encontrarse implicados en asuntos muy pesados tanto en lo político como en lo humano. Los estudiantes deberán también comprometerse en la confidencialidad más estricta".

Con el fin de permitir a los abogados en plena formación medir mejor las dificultades a las que están confrontados los defensores de los criminales de guerra, la Universidad de Ginebra invitó el 5 de octubre a tres expertos.

François Roux, defensor del jemer rojo Douch, cuyo proceso concluye actualmente en Camboya, acaba de ser nombrado jefe de la Oficina de la Defensa para el Tribunal Especial para Líbano. Slobodan Zecevic, abogado del Colegio de Belgrado, es presidente de la Asociación de la Defensa ante el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, en la que ejerce desde hace diez años. Defendió al ex presidente de la República serbia, Milan Milutinovic.

Finalmente, el abogado suizo Guenael Mettraux, que ha dedicado su carrera a la defensa ante las jurisdicciones internacionales. Autor de varias obras de consulta en la materia, estudió en particular el asunto de la responsabilidad en las cadenas de mando.

Titulares sensacionalistas en los medios de comunicación, desconocimiento cultural e incertidumbre penal, dificultad a crear una relación con un testigo cuando se defiende a un criminal de guerra, impunidad de la magistratura local, talla desmesurada de los expedientes, dificultades concretas para ir a buscar las pruebas... toda una lista de obstáculos que los abogados evocaron ante el auditorio.

"Uno de los primeros objetivos de estos tribunales es la lucha contra la impunidad. Pero el juez debe olvidar esto e impartir justicia con toda imparcialidad", precisa François Roux. "Corresponde al fiscal luchar contra la impunidad y al juez, conceder al acusado la presunción de inocencia", resume el abogado francés.

Una voz, la del acusado

Destaca que en este tipo de proceso se puede creer que todo ya ha sido dicho, vía los medios de comunicación, los museos, los archivos, los testigos, etc. Entonces falta una voz, la del acusado. En el caso de Douch, su cliente jemer que dirigía el centro de tortura S21, ese elemento era capital.

Por su parte, Slobodan Zecevic, de manera muy pragmática, hizo una demostración cifrada del cotidiano de un abogado defensor en el seno de la justicia penal internacional. Dos años y medio, cinco días a la semana, cuarenta y dos semanas por año, cuatro horas por día. El abogado tenía que buscar tiempo (durante los días feriados) para preparar la defensa de sus clientes y ejercer sus otras actividades.

En cuanto a los expedientes, pueden reunir medio millón de páginas y los cuerpos del delito se cuentan por millares. Mientras que los fiscales son asistidos por una veintena de personas, por lo menos, la defensa dispone de cinco asistentes como máximo.

Guenael Mettraux subrayó la ausencia de uniformidad en el nivel y el tipo de formación de los jueces. "Son a menudo especialistas del derecho internacional público, diplomáticos, profesores de universidades, raramente magistrados de carrera. El abogado debe pues constantemente adaptarse a su público". Difícil también de administrar lo que el abogado suizo llama "la incertidumbre judicial". Reglas de procedimiento que cambian a medida que los problemas se plantean.

¿Entre otras dificultades, como defensor de criminales de guerra, de qué manera crear confianza con los testigos en una atmósfera pesada cuando son muy graves los cargos contra los acusados?, se pregunta Guenael Mettraux. ¿O cómo acceder a las pruebas?

Se encuentran en los documentos de la ONU, en los informes de los expertos internacionales que viajan al terreno durante el conflicto, en las embajadas, en casa de los testigos... El abogado debe cambiarse unas veces en diplomático, otras en detective, y otras en kamikaze para ir a pescarlas. Porque, si el fiscal en zonas peligrosas dispone de guardaespaldas, en general, el abogado carece de medios.

Carole Vann, InfoSud/swissinfo.ch
(Traducción, Marcela Águila Rubín)

El Tribunal especial para Líbano

El 13 de diciembre de 2005, el gobierno libanés pidió a la ONU crear un tribunal con carácter internacional encargado de juzgar a los autores del atentado con bomba del 14 de febrero de 2005 que costó la vida a Rafic Hariri, antiguo primer ministro, y a otras 22 personas.

Por el momento, todos los presuntos involucrados fueron liberados por falta de cargos suficientemente elaboradas.

La competencia del Tribunal podría ampliarse más allá del atentado del 14 de febrero de 2005 si considera que otros atentados terroristas registrados en Líbano entre el 1 de octubre de 2004 y 12 de diciembre de 2005 tienen, conforme a los principios de la justicia penal, un nexo con el atentado de febrero de 2005 y son de naturaleza y de gravedad similares.

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