
Supremo invalida norma para que altos mandos mexicanos trabajen con privados
Ciudad de México, 4 abr (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México invalidó este lunes por unanimidad una norma que prohíbe altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR).
En un comunicado, el SCJN informó de que invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, «que establecía una restricción de 10 años» para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
De acuerdo con la Corte, «la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto de la Constitución mexicana».
Esto porque «impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada».
«La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida», indica el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández.
En octubre de 2019, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Austeridad Republicana, considerada una de las principales propuestas electorales del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
En su artículo 24 la LFAR establece la prohibición para que los funcionarios de mando superior que se separen de su cargo no podrán trabajar durante 10 años para empresas a las que hayan supervisado, regulado o de las cuales hayan tenido información privilegiado.
En México y otras partes del mundo el paso sin obstáculos de altos funcionarios entre los sectores público y privado es conocido como puertas giratorias y viene del término en inglés «revolving doors».
Este se refiere a que los funcionarios públicos primero legislan o imponen leyes que benefician a ciertas empresas privadas y después, cuando dejan los cargos públicos, pasan a formar parte de esas empresas o de sus consejos de administración. EFE
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