Transportistas paralizan Lima para protestar contra Gobierno por extorsiones y asesinatos

Lima, 6 oct (EFE).- Los gremios de transporte urbano de Lima y de la vecina ciudad portuaria de Callao protagonizaron este lunes uno de los paros más grandes de los últimos años, al bloquear durante varias horas con cientos de autobuses algunas de las principales arterias viales de la capital peruana para reclamar al Gobierno ayuda frente a la ola de extorsiones y asesinatos que padecen a manos de las bandas criminales.

Algunas de las principales empresas privadas de autobuses que operan en la ciudad, y que mueven diariamente a millones de personas, suspendieron su jornada de trabajo, lo que dificultó a muchas personas la forma de llegar a sus lugares de trabajo, ya que el Gobierno había suspendido desde la víspera las clases presenciales y había pedido a las empresas que realizasen teletrabajo en caso de que pudieran.

La huelga de transportistas fue convocada de un día para otro, tras dos nuevos ataques a conductores en el fin de semana que dejaron un fallecido de nacionalidad venezolana y otro chófer herido. La cifra total de víctimas sobrepasa los 40 en los últimos meses, según los gremios.

En esta ocasión se unieron al paro diversas empresas que no habían secundado la convocatoria del pasado jueves con la condición de que no hubiese más muertes. Sin embargo, los acontecimientos del fin de semana precipitaron esta nueva huelga que tomó desprevenido al Gobierno.

«Todos somos el pueblo, todos tenemos derecho a vivir, nos están matando, ¿qué están esperando?», señaló a EFE una vecina del distrito de San Juan de Lurigancho que se unió a la protesta.

Desde distintos puntos de la periferia de Lima, los autobuses de diversas empresas partieron en caravanas hacia el centro histórico de Lima, con la intención de llegar hasta el Congreso, pero la Policía les impidió que avanzaran hasta el corazón de la ciudad, lo que habría dejado colapsado.

«Ni un muerto más»

«No más muertes», «Ni un muerto más» o «No más extorsiones» eran algunos de los mensajes y pancartas que los vehículos lucían para hacer sentir su malestar ante las autoridades, a las que llevan meses denunciando su situación y el funcionamiento de organizaciones criminales que les exigen cupos de dinero para dejarles circular por las zonas donde estas bandas operan.

Los autobuses se quedaron inmóviles hasta donde la Policía les dejó avanzar, lo que causó grandes embotellamientos en la Panamericana Norte, que quedó por varias horas sin circulación en ambos sentidos ante la impotencia de los policías que buscaban convencer a los conductores de que dejasen al menos un carril libre.

La tensión llevó a algunos enfrentamientos entre conductores y policías que se saldaron con algunos lanzamientos de piedras hacia los agentes, hasta el punto de quedar al menos uno herido.

«La autoridad no nos ayuda, nos ocasiona más problemas», afirmó a EFE José Quispe, un propietario de uno de los vehículos, antes de reiterar que la paralización «es por lo que está pasando: el tema de la extorsión que estamos día a día viviendo».

«Ya no podemos resistir más, por eso estamos saliendo pacíficamente a reclamar nuestros derechos», enfatizó antes de pedir a «la autoridad que trabaje, que solucione nuestros problemas que día a día estamos viviendo».

Acuerdos y cacerolazo

Los autobuses solo se movieron con la consigna de extender la huelga también al martes si el Gobierno no aceptaba reunirse con ellos, a lo que finalmente accedió después de haber estado criticando y restándole importancia a la protesta de los transportistas durante el resto de la jornada.

En un primer momento, la presidenta Dina Boluarte exhortó a los gremios de transporte a levantar el paro al considerar que esta acción no iba a solucionar la criminalidad, a la vez que les aconsejó a ellos y al resto de peruanos que ignoren las extorsiones y que no respondan el teléfono si reciben una llamada desconocida que tengan sospecha de proceder de una banda criminal.

A la vez, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, calificó los bloqueos de «comportamiento criminal» y el ministro del Interior, Carlos Malaver, recriminó a los conductores no haber apagado los motores para llevar sus unidades a bloquear grandes avenidas.

Mientras se celebraba la reunión con el primer ministro, Eduardo Arana, un sonado cacerolazo en apoyo a los transportistas y en contra del Gobierno se sintió en puntos de la capital peruana como el distrito de San Miguel.

Finalmente, los gremios aceptaron no extender el paro hasta el martes tras lograr que el Ejecutivo se comprometiese a instalar una mesa de diálogo permanente, dar apoyo a las familias de los conductores asesinados y coordinar con la Fiscalía y el Poder Judicial la implementación de las unidades de flagrancia y el fortalecimiento del bloqueo de teléfonos celulares utilizados por el crimen organizado. EFE

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