Tribunal Constitucional de Perú ordena pagar bonos de reforma agraria de hace casi 60 años

Lima, 19 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que establezca un nuevo procedimiento de pago para los bonos de la deuda agraria otorgados a quienes sufrieron expropiaciones de tierras durante la reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

La decisión fue tomada por el TC tras declarar fundada por mayoría una demanda de amparo presentada por la sucesora procesal de uno de los tenedores de bonos «por violación de los derechos fundamentales al debido proceso», informó este lunes el organismo en un comunicado.

La resolución determinó que el Ministerio de Economía deberá emitir en un plazo de 60 días un decreto con una nueva metodología y un nuevo procedimiento administrativo de registro, actualización y forma de pago de los bonos.

El TC también declaró «inaplicable» el anexo 1 de un decreto de 2017, por considerar que vulneró lo dispuesto en un auto de julio de 2013 que determinó la actualización del valor de la deuda a la fecha de emisión de los bonos.

«El MEF ha incumplido lo dispuesto en las citadas resoluciones al establecer una fórmula de valorización y pago de la deuda que convierte en irrisoria la indemnización, vaciando de contenido la inviolabilidad de la propiedad», aseguró el Constitucional.

La sentencia declaró nula, además, una resolución similar emitida el 10 de diciembre de 2021 por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la región norteña de Lambayeque y le ordenó que emita un nuevo pronunciamiento.

En su resolución, el TC concluyó que la metodología aplicada no se ajustaba a los criterios fijados en su jurisprudencia previa y señaló que el nuevo cálculo del valor de la deuda debe considerar criterios establecidos por el órgano constitucional.

Agregó que el pago de la deuda agraria puede realizarse en efectivo o por otras modalidades contempladas en la ley y que, en el primer caso, contará con un plazo máximo de ocho años.

Tras conocerse la resolución, la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) aseguró que «beneficia notablemente a todos los tenedores de bonos» y comunicó que apoyará legalmente su presentación en cuanto se establezca el procedimiento.

La ABDA sostuvo que «ha trabajado incansablemente» desde 2011 para lograr el reconocimiento de los derechos de los titulares de bonos de la reforma agraria, que el Gobierno de Velasco Alvarado comenzó a aplicar con expropiaciones de tierras a grandes latifundistas y terratenientes en 1969.

Las cifras sobre los tenedores de bonos son imprecisas en Perú, ya que se indica que hay entre 4.000 a 30.000 personas poseedoras de esos documentos, aunque hasta hace una década solo 230 habían participado en acuerdos impulsados por el Ministerio de Economía.

Diversas fuentes señalan que el pago de los bonos implica, en total, cifras que van de 140 millones de dólares a 400 millones de dólares, aunque esa proyección no ha sido confirmada por organismos oficiales.

En julio del año pasado, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se reunió con representantes de la ABDA para buscar una solución a la controversia, tras lo cual ofreció estudiar los procedimientos y la metodología usada para calcular los pagos y «seguir con la evaluación en una siguiente reunión». EFE

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