Tribunal de Colombia cierra procesos de 133 militares por ayudar a esclarecer crímenes
Bogotá, 29 oct (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia decretó este miércoles el cierre de los procesos penales de 133 militares implicados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, entre 1999 y 2008.
Los comparecientes estuvieron involucrados en 31 hechos que produjeron 49 víctimas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, y que ahora «recibieron el beneficio de renuncia a la persecución penal», detalló la JEP en un comunicado.
El beneficio de la renuncia a la persecución penal consiste en la eliminación de la acción penal y disciplinaria, por lo que los procesos en contra de los 133 comparecientes de la Fuerza Pública deberán ser archivados.
Según el tribunal, los beneficiados con esta medida hacen parte de la Fuerza Pública que no fueron seleccionados como máximos responsables en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Norte de Santander, entre 1999 y 2008, hechos que se conocen como «falsos positivos».
La JEP asegura que hay al menos 6.402 víctimas de «falsos positivos» en Colombia, episodio en el que miembros del Ejército engañaron y ejecutaron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate. Esos crímenes ocurrieron en su mayor parte durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Los beneficiados
La información detalló que los beneficiados son 39 comparecientes que estuvieron adscritos a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y 93 que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y otro al Batallón de Combate Terrestre No. 46 ‘Héroes De Saraguro’, quienes operaron en la región del Catatumbo, que hace parte del departamento de Norte de Santander.
Este proceso no sancionatorio va dirigido a aquellos comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables, es decir, que no tuvieron un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP.
A la fecha, el tribunal ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 417 comparecientes de la Fuerza Pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto, uno en delitos menores y a uno le fue negada.
La JEP subrayó que las medidas de reparación y los aportes realizados por los comparecientes han tenido una dimensión restaurativa real, al involucrar a las víctimas y a sus familias en escenarios de encuentro y reconocimiento.
Sin embargo, dejó claro que los comparecientes deben cumplir con las medidas restaurativas acordadas con las víctimas en un plazo máximo de dos meses. EFE
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