Un año de la desaparición de 4 menores que impactó a Ecuador: militares esperan sentencia
Guayaquil (Ecuador), 8 dic (EFE).- El mayor caso de presuntas violaciones a los derechos humanos bajo el «conflicto armado» interno decretado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa cumple un año, cuando cuatro menores afrodescendientes fueron detenidos irregularmente por militares y semanas después sus cuerpos fueron hallados calcinados y con señales de disparos.
Hasta ahora el caso, que enlutó y sigue escandalizando al país, no termina de resolverse.
Diecisiete militares están procesados, la mayoría de ellos encarcelados por el presunto delito de desaparición forzada.
El juicio entra en su última fase este lunes, cuando la Fiscalía dará su alegato final, y esto es lo que se sabe hasta ahora:
La detención
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos en los exteriores de un centro comercial cercano al barrio Las Malvinas, donde ellos vivían, después de que los militares, según sus versiones, recibieron una alerta de que estaban supuestamente robando.
En lugar de entregarlos al destacamento policial más cercano, los llevaron a la localidad de Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía les informó del hallazgo de unos restos calcinados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez.
Disparos y torturas
La autopsia determinó que al menos tres de las víctimas recibieron impactos de balas y durante el juicio cinco cooperadores (delatores premiados) revelaron que, desde la detención, varios de sus compañeros golpearon brutalmente a los niños y los torturaron.
De acuerdo con esos testimonios, les dieron puñetazos y correazos, los lanzaron al piso, los golpearon con el fusil, los amenazaron de muerte y los desnudaron.
«Agradece, negro, que no te metí un tiro», se escucha en un video grabado por uno de ellos mientras iban hacia Taura.
«Hemos llegado al lugar donde van a morir», le habría dicho el jefe de la patrulla a los menores cuando se detuvieron en un desvío rural que estaba cerrado por un árbol caído.
En ese sitio, este mismo jefe habría disparado a pocos centímetros de la oreja del más pequeño y luego ordenado que los abandonaran.
Según los cooperadores, todos se pusieron de acuerdo para dar una versión, pero los otros doce procesados aseguraron que nada de eso pasó.
Momo y Los Águilas
También testificó un investigador policial, quien señaló que, de acuerdo con la versión de un testigo, sería Bryan Alvarado, alias Momo, uno de los cabecillas del grupo criminal Los Águilas que opera en esa zona, quien «había dado la orden para que asesinen a los niños» después de que los encontraron deambulando.
Este hecho forma parte de otra investigación por el delito de secuestro con resultado de muerte que aún está en la primera fase.
Postura del Gobierno
El presidente Noboa aseguró que habría «completa colaboración de todas las instituciones» en este caso y hasta propuso que los niños sean considerados como «héroes nacionales».
Sin embargo, las Fuerzas Armadas buscaron por varias vías que los militares sigan el juicio en libertad y junto al Ministerio del Interior y Defensa apelaron una sentencia de habeas corpus que reconocía a la desaparición de los menores como forzada y que luego fue revocada, por lo que ahora las familias también buscan «verdad y justicia» ante la Corte Constitucional. EFE
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