Un informe OSCE denuncia asesinatos y torturas de Rusia a prisioneros de guerra ucranianos

Antonio Sánchez Solís

Viena, 26 sep (EFE).- Una misión de investigación internacional, encargada por la OSCE, ha concluido que Rusia ha matado, torturado y maltratado a prisioneros de guerra ucranianos de una forma tan sistemática que podría suponer crímenes de guerra o contra la humanidad, según las conclusiones presentadas este viernes.

La investigación, encargada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y realizada por tres expertos independientes en Derecho Internacional, concluye que no hay dudas de que Rusia ha violado las leyes humanitarias y los derechos humanos.

Esos abusos sistemáticos, no se trata de casos aislados, pueden resumirse en ejecuciones arbitrarias, torturas, condiciones de internamiento inhumanas y ausencia de juicios justos con las mínimas garantías procesales.

Palizas, violaciones, mutilaciones…

«Tenemos violaciones del derecho humanitario internacional y del derecho internacional de los derechos humanos cometidos por la Federación Rusa como Estado. Tenemos una conclusión clara de que esto está pasando», sentencia a preguntas de EFE Veronika Bílková, una de las autoras del informe.

Entre los abusos documentados se incluyen palizas, descargas eléctricas, ejercicio extenuante forzado, simulacros de ejecución, violencia sexual, violaciones, amenazas de muerte, mutilaciones y humillación psicológica.

Además, los expertos afirman que las condiciones de detención frecuentemente están bajo los estándares internacionales, con instalaciones abarrotadas e insalubres; sin comida, agua y atención médica suficiente y adecuada, en las que los prisioneros están expuestos a propósito a enfermedades infecciosas, como tuberculosis; y siendo obligados a trabajar con condiciones inseguras.

Más de 6.000 aún en cautividad

Se estima que al menos 13.300 prisioneros de guerra capturados han estado cautivos de Rusia desde que comenzó la invasión de ucrania en febrero de 2022, y que al menos 169 de ellos murieron mientras estaban presos.

Unos 6.800 han sido puestos en libertad y actualmente unos 6.300 siguen en cautividad.

Las pruebas aportadas incluyen testimonios de antiguos presos y de sus familias, exámenes forenses, comunicaciones interceptadas y material audiovisual, facilitados principalmente por las autoridades ucranianas, por oenegés y por organismos y organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa.

Rusia no sólo no ha colaborado sino que no reconoce la validez del mecanismo legal usado por la OSCE para realizar esta investigación.

La investigación fue encargada a finales del pasado julio por 41 de los 57 países de la OSCE (entre ellos todos los de la UE menos Hungría), que invocaron el Mecanismo de Moscú, que permite crear este tipo de misiones de control.

Aunque el informe deja claro que Rusia ha cometido y comete graves abusos contra los prisioneros de guerra, no está tan clara la cuestión legal de si constituyen crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Por un lado, Rusia niega a esas personas el estatuto de prisionero de guerra, cuyo trato es regulado por el Tercer Convenio de Ginebra, aprobado en 1949, y los califica de «detenidos por oponerse a la operación militar especial», una categoría que aplica también a los civiles.

Por otro lado, los crímenes de guerra o contra la humanidad son cometidos por individuos, no por Estados.

El mandato de esta investigación no incluía determinar esas responsabilidades individuales y, además, esa tarea requiere una investigación más prolongada de las tres semanas que los expertos tuvieron para llegar a sus conclusiones, explica Bílková, experta del Centro de Derecho Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga.

Esa tarea depende de tribunales como la Corte Penal Internacional, que en marzo de 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, al entender que ha cometido crímenes de guerra.

Así, aunque este informe puede ser una prueba incriminatoria en un eventual futuro juicio, no es suficiente por él mismo.

De hecho, en el informe se insta a la Corte a que «persiga la responsabilidad por los abusos cometidos contra los prisioneros de guerra, incluidas las ejecuciones, la tortura y los tratos inhumanos».

Los otros dos autores del informe son los profesores de Derecho Internacional Hervé Ascensio (Universidad de la Sorbona) y Mark Klambergel (Universidad de Estocolmo).EFE

as/wr/jgb