Uno de cada cinco brasileños sufre la presencia del crimen organizado, según un sondeo
São Paulo, 16 oct (EFE).- Al menos 28,5 millones de brasileños conviven con el crimen organizado en los barrios donde residen, lo que supone el 19 % de la población del país, según una encuesta divulgada este jueves por la firma demoscópica Datafolha.
El sondeo, encargado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, indicó un crecimiento de cinco puntos con respecto a 2024, cuando un 14 % de los entrevistados relató vivir en zonas bajo la influencia de facciones criminales.
«Los datos parecen estar revelando un fenómeno de crecimiento y ampliación del poder de captura de las facciones en relación al control de territorios y mercados», señaló el director del Foro, Renato Sérgio de Lima, en declaraciones al diario Folha de São Paulo.
Del grupo que dice vivir en áreas con presencia del crimen, el 27 % de ellos, una cuarta parte, revela que conoce la existencia de «cementerios clandestinos».
Los resultados del sondeo, que tiene un margen de error de dos puntos, son fruto de entrevistas realizadas, entre el 2 y el 6 de junio pasados a 2.007 personas con más de 16 años en 130 ciudades del país.
Según las autoridades brasileñas, hay dos organizaciones criminales preponderantes en el país: el Primer Comando de la Capital (PCC), con tentáculos en varios otros países de Suramérica, especialmente en Bolivia y Paraguay, y el Comando Vermelho (CV).
A nivel local hay más siglas relacionadas con el crimen, pero muchas de estas suelen sellar alianzas o estar bajo el paraguas del PCC o el CV, que se dedican principalmente al tráfico de drogas y armas.
El PCC, nacido en la década de los 90 en las cárceles de São Paulo, ha expandido en los últimos años sus actividades, al pasar a controlar moteles, gasolineras y hasta compañías tecnofinancieras, que también le sirven para blanquear el dinero del narcotráfico.
En abril pasado, el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Parlamento un ambicioso proyecto de enmienda constitucional para ampliar los poderes de la administración central y garantizar los recursos necesarios en la lucha contra el crimen organizado.
La iniciativa amplía las competencias del Ejecutivo federal en materia de seguridad, hoy en manos de los gobiernos regionales, y aumenta las atribuciones de la Policía Federal en los casos de delitos medioambientales, crimen organizado y grupos paramilitares.
El texto, sin embargo, aún está bajo análisis del Congreso. EFE
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