Víboras, premios y comandos: lucha contra el crimen domina campaña presidencial en Perú
Cárceles rodeadas de víboras, premios por matar criminales, comandos de aniquilamiento: en Perú, candidatos a las presidenciales del 12 de abril compiten con propuestas para frenar la rampante criminalidad, marcada por el auge del sicariato y la extorsión.
Por primera vez en tres décadas, la lucha contra el crimen organizado domina los discursos en una campaña electoral que registra un récord de 35 candidatos.
Perú atraviesa un crisis de seguridad sin precedentes. Entre 2018 y 2025, los homicidios pasaron de un millar a 2.600, mientras que las denuncias por extorsión saltaron de 3.200 a más de 26.500, según datos de la policía.
Esta escalada coincide con la llegada de grupos criminales transnacionales que compiten con las bandas locales implicadas en cobros extorsivos y asesinatos por encargo, en medio de una percepción ciudadana de impunidad.
«Hasta la policía es corrupta», dice a la AFP Karen Santiago, una ingeniera de 29 años, en el distrito limeño de San Isidro.
La ola de extorsiones golpea sobre todo a los transportistas, pero también a las escuelas privadas, a los pequeños comercios y al sector de espectáculos. En 2025, 75 conductores de transporte público fueron asesinados, principalmente en Lima, una metrópoli de diez millones de habitantes.
– Víboras contra sicarios –
Durante un reciente mitin en un barrio popular limeño, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, que lidera la intención de voto, fue recibido con una enorme serpiente de peluche.
A los criminales «hay que llevarlos en helicóptero a la selva más profunda del Perú para hacer colonias penitenciarias, (en) una zona inhóspita que tiene un cerco natural que son las shushupes», unas víboras de la Amazonía de unos tres metros de largo, dijo a la televisora Latina.
«Ellas se encargarán de la seguridad», agregó entre sonrisas.
López Aliaga, exalcalde de Lima y simpatizante de Donald Trump, también propone que Estados Unidos pueda capturar en territorio peruano a delincuentes extranjeros buscados por ese país.
La derechista Keiko Fujimori, segunda en las encuestas, quiere que los presos se ganen el sustento diario.
«Obligaremos a los presos a que trabajen por sus alimentos, por su proteína», declaró a la prensa la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
Para el humorista de televisión Carlos Álvarez, que oscila entre el cuarto y el quinto lugar en las encuestas, Perú debe retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para «aplicar la pena de muerte a los sicarios».
«Esos miserables no merecen vivir», dijo a la AFP durante un recorrido por el puerto del Callao, vecino de Lima.
Los candidatos más rezagados en la contienda plantean ideas más radicales, como Paul Jaimes, quien ofrece 29.000 dólares y un ascenso a los policías que capturen o maten a un criminal.
«No nos importan los derechos humanos de los delincuentes», afirmó a la revista Caretas.
El izquierdista Ronald Atencio revivió el recuerdo de grupos paramilitares en Perú.
«Vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen» con 500 policías de élite, aunque sin «ejecuciones extrajudiciales», dijo en un reciente foro empresarial.
– «El sheriff más malo» –
Algunos votantes se dicen seducidos, pero otros se muestran más escépticos.
«Estoy de acuerdo con que todos los delincuentes se vayan a cumplir su condena en la selva», dice a la AFP Lili Luna, una comerciante de 54 años cansada de la inseguridad, en una concurrida avenida limeña.
Samuel Cossío, un estudiante de 20 años, desconfía de esas propuestas. «Es más fácil vender esas soluciones que planes a largo plazo», comenta mientras espera su bus.
Especialistas en seguridad pública advierten sobre estas iniciativas de campaña.
«Las propuestas punitivas como las mencionadas no son efectivas para combatir el crimen organizado y el transnacional», señala a la AFP Erika Solís, criminóloga de la Universidad Católica del Perú.
Las promesas responden «de manera simbólica al pedido ciudadano de seguridad, pero no constituyen políticas idóneas ni sostenibles», apunta.
Para Javier Llaque, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario, Perú ya cuenta con algunas de las sanciones más severas de América Latina.
«No necesitamos más leyes (…), penas más altas, modificar lo que ya existe. Solo actuar, pero de manera táctica», remarca.
Según este experto, la inseguridad «es el principal problema nacional y hay que afrontarlo, pero de una manera técnica, no de una manera emotiva».
«Que no intenten los candidatos ser el sheriff más malo», concluye.
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