Ofensiva contra el trabajo negro
Se calcula que en Suiza cada año cerca del 10% del Producto Interno Bruto no llega a las arcas del fisco. El gobierno quiere poner freno al trabajo no declarado.
La cámara baja deliberará el jueves la implementación de controles más estrictos y castigos más duros para los evasores.
No existen cifras exactas ni confiables sobre el trabajo negro en Suiza. La Secretaria de Estado de Economía (seco) calcula que anualmente unos 37 mil millones de francos se escapan del recuento de las autoridades fiscales y de las de la seguridad social.
Los expertos calculan que entre 1990 y 2002 el trabajo no declarado aumento un 75%. Los sectores especialmente afectados son el de la construcción, el de la agricultura y el de la gastronomía.
Las opiniones sobre las causas que conducen al trabajo no declarado son diversas. Los analistas opinan que las razones principales de este fenómeno son la falta de interés por cubrir los requisitos administrativos fiscales y el rechazo al pago de las cuotas en materia social por parte de los empleadores. En el caso de los trabajadores se habla, sobre todo, de evitar los gravámenes fiscales.
La mayoría son suizos
Los sectores políticos y económicos helvéticos coinciden en que se debe terminar con la idea de que el trabajo negro es un “delito no deshonroso” y sostienen que debe ser combatido.
No obstante debieron pasar cuatro años para que el proyecto de ley del gobierno fuera abordado por el poder legislativo. Tras largas discusiones, la comisión económica de la cámara baja encargada de este expediente pudo alcanzar un compromiso que satisficiese tanto al sector de izquierda como al de la derecha en el parlamento.
“La mayor parte de los trabajadores no declarados son suizos. Sin embargo, las discusiones al respecto se concentran frecuentemente en los trabajadores de origen extranjero”, explica a swissinfo el diputado y dirigente sindical, Hugo Fasel.
En la comisión parlamentaria el ala de izquierda quería evitar que la Ley contra el Trabajo no Declarado también fuese una legislación contra los “sin papeles”, es decir, aquellas personas extranjeras que viven en Suiza dentro del terreno de la ilegalidad por no tener un permiso ni de estancia ni de residencia en el país.
Protección de datos
Debido a esta razón es que fue modificada la versión del proyecto de ley entregada por el gobierno. En el documento ya revisado por la comisión se dedica un gran apartado a la protección de datos.
Una forma de evitar que las autoridades fiscales y las de la seguridad social se conviertan en perseguidores de los indocumentados, según aclara el sindicalista.
Esto significa que las informaciones de los trabajadores no declarados pueden ser transmitidas a las autoridades de asilo y extranjería sólo en caso de que se verifique que se trata de evasores de impuestos.
Concretamente se estableció en el proyecto que las autoridades no tendrán la obligación de declarar si la declaración fiscal pertenece a una persona con estatus de ilegal.
“Con ello se evita que esa gente caiga en el marco del denominado trabajo negro y permanezca en un espacio gris (personas ilegales con empleo que cubren los impuestos y las prestaciones de ley)”, indica Fasel.
Simplificaciones para miniempresas
La derecha obtuvo una simplificación de los procesos administrativos: la retención fiscal de los empleados que ganen menos de 9445 francos por año sería controlada por un emplazamiento central perteneciente a la caja de compensación del seguro de vejez.
El ingreso se impondrá a través de una cuota global y sin necesidad de declaración de impuestos. Sólo las pequeñas empresas de menos de 5 personas como guarderías, compañías de limpieza o jardinería podrían aprovechar esta ventaja.
Fundamentalmente se busca que se pierda el interés por el trabajo clandestino. Un objetivo que será apoyado a través de represión endurecida, más controles cantonales y una más estrecha colaboración entre las diversas autoridades concernidas.
Los empleadores evasores reincidentes tendrán multas de hasta un millón de francos y castigos tras las rejas de hasta un quinquenio de duración.
Aquellas empresas agrícolas que ocupen a trabajadores ilegales sin pagar impuestos y prestaciones sociales al Estado, según la iniciativa, deberán prescindir completa o parcialmente de las contribuciones directas de las que se benefician.
La represión, combate superfluo
Hasta ahora en la mayoría de los 26 cantones helvéticos se persigue de forma pasiva este delito, a través de denuncias.
Algunas entidades empezaron desde hace algún tiempo con la implementación de controles activos para combatir la evasión fiscal. De esta forma, en el cantón de Zúrich, por ejemplo, se realizaron operativos sin previo aviso en empresas del sector de la construcción elegidas al azar. En el 2003, un tercio de los casos revisados revelaron irregularidades.
No obstante, no todos los expertos económicos coinciden en que la represión sea el medio más adecuado para el combate del trabajo no declarado.
En ese sentido, el profesor liberal originario de Sankt Gallen, Franz Jaeger, lamenta que las cargas sociales hayan aumentado 26% mientras que la represión se convierte en tan sólo un síntoma superfluo de la lucha contra el trabajo negro.
“Con ello sólo se raspa la superficie mientras que se mira poco hacia el origen del problema.”
swissinfo, Andreas Keiser
(Traducido por Patricia Islas)
La Secretaria de Estado de Economía calcula que anualmente unos 37 mil millones de francos se escapan del recaudo fiscal y del de la seguridad social.
Según el proyecto de ley los empleadores evasores reincidentes tendrán multas de hasta un millón de francos y castigos tras las rejas de hasta un quinquenio de duración.
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