Permitir el suicidio asistido, pero sin abusos
A diferencia de la mayoría de los países europeos, Suiza es muy liberal en materia de asistencia al suicidio. Sin embargo, hay quienes piden normas más inequívocas.
En especial, se quiere poner bajo vigilancia a las organizaciones de asistencia al suicidio. Es lo que pretende una moción parlamentaria que retoma las posiciones expresadas por la Comisión Nacional de Ética.
En Suiza, prestar ayuda a una persona que quiere poner fin a su vida no es un delito, siempre y cuando no se trate de una asistencia alimentada por motivaciones egoístas. Así lo establece el artículo 115 del Código Penal Suizo.
Con base en esta norma mínima, Suiza ha desarrollado una actitud bastante liberal en este ámbito. En el país se han creado organizaciones privadas, como Dignitas y Exit, que asisten a las personas que desean quitarse la vida.
Como en muchos países europeos la asistencia al suicidio está castigada por la ley, son cada vez más las personas que llegan a Suiza –un centenar al año– para recibir acompañamiento en sus últimas horas de vida. De ahí que en la prensa y en el mundo político se hable del denominado ‘turismo de la muerte’.
Un ejemplo es el de Noël Martin, ciudadano británico que en 1996 sufrió una agresión por parte de dos neonazis en Alemania y desde entonces quedó paralizado. Recientemente, el hombre anunció querer viajar a Suiza para morir con la asistencia de Dignitas.
Una moción contra los ‘abusos’
Al fenómeno del ‘turismo de la muerte’ se refiere la moción que presentó el senador demócrata cristiano Hansuredi Stadler y que será debatida en el Consejo de los Estados (cámara alta) durante la sesión en curso del Parlamento.
La moción firmada por una treintena de senadores de los cuatro partidos que conforman el gobierno pide a la Confederación que vigile a las organizaciones de asistencia al suicidio para evitar abusos a personas en situación de emergencia.
“Las finanzas y la poca transparencia de determinadas organizaciones siguen desatando polémica”, escribe el senador Stadler. Y para subrayar la necesidad de una legislación nacional recuerda que la Comisión Nacional de Ética para la Medicina (CNE) emitió una posición análoga.
Criterios de diligencia
En octubre pasado, la CNE presentó un catálogo de criterios que, en su opinión, deben incluirse en una ley sobre las organizaciones de asistencia al suicidio.
Entre estos criterios figura comprobar la capacidad de discernimiento de la persona que quiere quitarse la vida; limitar la asistencia a personas cuyo deseo de morir se debe a un grave sufrimiento provocado por una dolencia; comprobar mediante entrevistas personales repetidas que la voluntad del paciente es firme; y solicitar una segunda opinión.
Gobierno contra la ley
El Gobierno ya se había manifestado anteriormente contra una ley sobre el suicidio asistido y una supervisión por parte del Estado. Y el ministro de Justicia, Christoph Blocher, reiteró esta posición en un reciente artículo aparecido en el ‘Neue Zürcher Zeitung’.
“Los posibles abusos en la asistencia al suicidio deben evitarse mediante una aplicación coherente del derecho penal y de la legislación en materia de sanidad”, según Blocher. “Y esa responsabilidad recae sobre los cantones y de las comunas (municipios)”.
El ministro de Justicia estima que una ley federal no sólo es superflua, sino incluso perjudicial. “Resultaría peligroso que el Estado, a través de una ley de vigilancia, legitimara hacia el exterior estas organizaciones y sus actividades”.
Libertad de suicidio, no derecho al suicidio asistido
Alberto Bondolfi, profesor de Ética en la Universidad de Lausana y miembro de la CNE, afirma entender los argumentos del Gobierno, “porque, en el fondo, queremos evitar una guerra de religiones en este tema”. Aunque valora la práctica liberal helvética, reconoce que persisten varios problemas.
Hay que excluir todo equívoco, señala Bondolfi: “El Estado debe respetar mi libertad si yo quiero poner fin a mi vida, pero esto no significa que yo pueda pretender que terceras personas hagan algo por mí para que yo pueda suicidarme”. En otras palabras: no existe un derecho al suicidio asistido.
Y luego, la legislación suiza es realmente “muy genérica”, agrega el especialista. “El artículo 115 del Código Penal Suizo no se refiere a personas en fin de vida, sino a todo el mundo. Si yo entrego una pistola a un amigo que acaba de sufrir una desilusión amorosa y que, aun cuando su estado de salud es óptimo, quiere suicidarse, no se me puede penalizar”.
Son estos los aspectos sobre los que habría que reflexionar, según Bondolfi, también para evitar que un aumento del ‘turismo de la muerte’ cree una situación embarazosa para Suiza a escala internacional y lleve a una mayoría de la opinión pública helvética a adoptar posiciones menos liberales.
swissinfo, Andrea Tognina
(Traducción del italiano: Belén Couceiro)
En 2005 cerca de 350 personas se dirigieron a organizaciones de asistencia al suicidio.
Según las Comisiones Nacionales de Ética, cerca de un centenar de personas llegan cada año a Suiza para morir en este país.
Una quinta parte aproximadamente de los suicidios que se registran en Suiza son asistidos.
Suiza es más liberal en materia de eutanasia que la mayoría de los países europeos, a excepción de Holanda y Bélgica que han despenalizado la eutanasia activa bajo ciertas condiciones.
En Suiza la eutanasia activa está considerada como un homicidio, y por ende, está penalizada.
En cambio, la eutanasia activa indirecta (por ejemplo, la administración de fuertes dosis de morfina) no es un delito.
La asistencia al suicidio pasivo (el paciente recibe acompañamiento, pero cumple solo el acto final) está permitida.
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