Violencia, castigo y desconocimiento, las barreras de las mujeres para abortar en Ecuador
Quito, 21 ago (EFE).- La violencia institucional, el castigo y criminalización, y el desconocimiento generalizado de víctimas y personal de salud son algunas de las catorce barreras que se encuentran las mujeres ecuatorianas para abortar, según un informe presentado este jueves.
El estudio, ‘Libres de Castigo. Barreras, burocracia y violencia institucional para acceder a la interrupción legal del embarazo en el Ecuador’, elaborado por la organización feminista Surkuna, evidencia las carencias del sistema de salud público y la ausencia de garantías para las mujeres víctimas de violencia sexual.
Estas conclusiones son el resultado del acompañamiento a 95 casos de mujeres entre 2021 y 2024, de las que el 40 % se quedaron embarazadas por violación y, de estas, más de la mitad eran menores de 19 años.
Según Tatiana Jiménez Arrobo, quien expuso las conclusiones del estudio durante su presentación en Quito, la principal barrera estructural que afecta a todos los casos es la existencia de la penalización del aborto en el código penal de Ecuador, lo que provoca que, a pesar de existir causales que lo permiten, se generen confusiones, ambigüedades e incumplimientos de la normativa actual.
En Ecuador, el aborto solo es legal cuando supone un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde, 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. En este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acogerse a este derecho hasta las doce semanas de embarazo.
Sin embargo, la existencia de estas tres causales no suponen ninguna garantía.
Entre 2014 y 2024, según datos de la organización, al menos 542 personas fueron criminalizadas por aborto consentido, muchas de ellas en situaciones de pobreza o tras emergencias obstétricas en servicios públicos. Además, y solo durante el año pasado, 484 personas solicitaron información sobre aborto a Surkuna.
El desconocimiento del personal de salud sobre el marco legal, la falta de difusión activa de información al respecto (que provocan estigmatización y falta de garantías) y la constante criminalización hacia las pacientes provoca que muchas decidan dar un paso atrás en su decisión.
Estos tres fenómenos afectaron a veinte mujeres que recurrieron a Surkuna para buscar ayuda y orientación en el proceso. Por ejemplo, Luna (nombre ficticio para proteger su identidad), de apenas 14 años, desistió de continuar con la intervención a como consecuencia de la intimidación y amenazas por parte de su entorno familiar y sanitarios del servicio público de salud.
Negación y requisitos adicionales
La negación de los centros públicos a ofrecer el servicio, aún siendo víctimas de violación, provocó que Isabel, de 16 años, tuviese que viajar a otra ciudad para iniciar el procedimiento.
Elena, de 32, y también víctima de violencia sexual, se vio forzada a vivir una maternidad no deseada por la petición de requisitos adicionales de los servicios médicos, además del uso de la objeción de conciencia de los doctores que se ejerce de manera irregular, es decir, sin cumplir con los procedimientos legales obligatorios para acogerse a esta cláusula.
Todo esto, unido a la ausencia de material sanitario de buena calidad, entorpecen los procesos.
Petición a la Corte Constitucional
La principal piedra en el zapato para garantizar un derecho al aborto digno en Ecuador pasa por la penalización del mismo, por lo que desde Surkauna solicitan (como ya hicieron en otras ocasiones) a la Corte Constitucional (CC) la eliminación del delito en el código penal.
A través del Movimiento Justa Libertad, se interpuso una demanda ante la CC que fue admitida a trámite en mayo de 2024. Sin embargo, según explicó Jiménez, no han recibido ninguna notificación nueva sobre el caso.
Además, consideran que es necesario reforzar los sistemas de derivación inmediata al sistema de salud cuando las víctimas solicitan atención, además de ofrecer información clara sobre sus derechos y pasos a seguir. EFE
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