Viuda de exjuez argentino destituido en juicio político reclama pensión ante Corte IDH

Asunción 25 sep (EFE).- La argentina Susana Rita Almeyra, viuda del exmagistrado argentino Eduardo Moliné O’Connor, destituido en 2003 en un juicio político y fallecido por cáncer en 2014, se presentó este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para reclamar el pago de la pensión que le corresponde y denunciar que «inconstitucionalmente» fue excluida del beneficio.

El tribunal, encabezado por la magistrada Nancy Hernández, escuchó a la viuda y a su hija, Cecilia Moliné O’Connor, durante el 180 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte que se celebra en Paraguay.

«Espero tener mi pensión, que me corresponde», respondió Almeyra al ser consultada sobre qué decisión espera del tribunal interamericano.

El caso data de junio de 2003, cuando el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner (2003-2007), solicitó al Congreso iniciar «un juicio político» contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo que derivó en que diputados denunciaran a Moliné y otros jueces por un supuesto «mal desempeño de sus funciones».

El 8 de octubre de 2003, el Senado resolvió la suspensión de Moliné sin goce de haberes y el 3 de diciembre del mismo año, aprobó su destitución, según la información del caso.

La viuda relató que la situación fue «desgastante» para toda la familia y denunció que recibían constantemente «amenazas telefónicas», que les ponían «la marcha fúnebre» por teléfono, les decían que «iba a correr sangre» y que la familia podría llegar «a tener muertos».

Almeyra relacionó el caso con el deterioro de la salud del juez hasta sufrir cáncer de páncreas puesto que sentía que en el Congreso «no lo juzgaban», sino que «lo ejecutaban».

Agregó que desde la destitución, su esposo no percibió su jubilación y cuando se produjo su fallecimiento por el cáncer en 2014 tampoco le pagaron la pensión que le correspondía como viuda.

De otra parte, la abogada María del Pilar Gutiérrez, que hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que ese organismo estableció que la norma aplicada para el «juicio político» no era compatible con el «principio de legalidad» porque permitió un procedimiento orientado a destituir al magistrado.

Agregó que la Comisión consideró que la suspensión «restringió el principio de independencia judicial».

El Estado argentino fue representado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien cuestionó a la Comisión Interamericana porque, según dijo, han pasado 22 años desde que el juez Moliné O’Connor presentó su caso ante esa instancia en 2013.

Agregó que la Comisión tenía un informe en 2023 y recién en agosto de 2024 notificó al Estado argentino, lo que consideró un «hecho gravísimo» y habló de una supuesta «intención política» porque ese organismo no hizo dicho trámite durante el anterior gobierno, de Alberto Fernández (2019-2023).

La presidenta de la Corte pidió a las partes presentar sus alegaciones por escrito hasta el 27 de octubre.EFE

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