X apelará en la India en una batalla contra el «régimen de censura» del Gobierno de Modi

Nueva Delhi, 29 sep (EFE).- La red social X, propiedad de Elon Musk, ha anunciado que apelará una decisión judicial clave en la India, intensificando su batalla legal contra lo que describe como un «régimen de censura» impuesto por el Gobierno de Narendra Modi que amenaza la libertad de expresión en el país más poblado del mundo.

«Apelaremos esta orden para defender la libertad de expresión», afirmó la compañía en un comunicado, argumentando que la decisión judicial no resuelve las «cuestiones constitucionales fundamentales» que están en juego.

La controversia se centra en una sentencia del Tribunal Superior de Karnataka que el pasado 24 de septiembre desestimó una demanda de X, validando así el poder del Gobierno indio para ordenar el bloqueo de cuentas y tuits a gran escala y sin supervisión judicial directa.

«X respeta y cumple la legislación india, pero esta orden no aborda las cuestiones constitucionales fundamentales de nuestra impugnación (…) X contribuye significativamente al discurso público en la India y la voz de nuestros usuarios es fundamental para nuestra plataforma», añadió la compañía.

Según la plataforma, el fallo abre la puerta a un sistema de censura masiva a través de un portal gubernamental secreto llamado «Sahyog». A través de este, millones de agentes de policía podrían ordenar la retirada de contenidos, eludiendo el control de los jueces y vulnerando los derechos de los ciudadanos.

«La voz de nuestros usuarios es fundamental para nuestra plataforma», subrayó X.

Este enfrentamiento es el episodio más reciente en la tirante relación entre las grandes tecnológicas y el Gobierno indio, una tensión que se intensificó en 2021 con la entrada en vigor de una normativa digital, las «Directrices sobre Intermediarios».

Este reglamento obliga a las plataformas a eliminar rápidamente cualquier contenido considerado ilegal y a colaborar en la investigación de su origen.

El punto más crítico para X es que el incumplimiento de estas órdenes pone en riesgo su estatus de «intermediario». Perder esta protección legal significaría que la compañía podría ser considerada legalmente responsable de los contenidos que publican sus usuarios, un cambio que haría prácticamente inviable su operación en uno de sus mercados más grandes. EFE

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