Abogada Eva González: “nunca pensé que el gobierno de Rutte fuera a dimitir”

Imane Rachidi

Eindhoven (Países Bajos), 2 feb (EFE).- A pesar de que su batalla duró seis años hasta que el Gobierno de Mark Rutte reconoció que 30.000 padres fueron acusados erróneamente de fraude, la abogada española Eva González Pérez asegura que “nunca perdió la esperanza”, aunque “tampoco pensó que un gobierno iba a dimitir” haciendo justicia y demostrando que “la democracia funciona”.

Su teléfono no deja de sonar. Si no son llamadas, son mensajes. Si no son medios de comunicación que acuden a ella para destripar el escándalo que llevó a la dimisión de Rutte, son víctimas de la Agencia Tributaria que acaban de darse cuenta de que aún pueden hacer respetar sus derechos y que, como se temían, fueron acusados sin fundamento de fraude fiscal y su sufrimiento podría verse indemnizado.

Entre los clientes de esta abogada española, que ejerce desde el 2000 en Países Bajos, ha reinado “un sentimiento de impotencia” porque “sabían que tenían razón, pero nadie les creía, ni les daba la oportunidad de demostrar que sí tienen el derecho” que los funcionarios les habían quitado, y a medida que pasaba el tiempo, más difícil parecía hacer justicia.

“No pensé que un gobierno fuera a dimitir, pero siempre piensas que, si hay justicia, al final dimitirá. Se ha visto que al ser tan grande el problema que se ha destapado, han tenido que asumir la responsabilidad. Se ha visto que la democracia y los derechos de los ciudadanos funcionan”, aplaude esta letrada desde el salón de su casa en Eindhoven, ciudad en la que vive desde que aterrizó con tan solo dos años en Países Bajos.

González Pérez (Cáceres, 1973), especializada en casos labores y de la seguridad social, subraya no “haber perdido nunca la esperanza” porque cada año “pasaba algo interesante: te da razón un juez, una autoridad, te encuentras con políticos o la prensa, cada vez se implicaba más gente y nos convertimos en un grupo contra la Justicia”.

“Parecía que no eran los que tenían derecho a apelar para poder demostrar que algo no está bien, ya los tenían de antemano señalados como estafadores y no les creían y eso era lo que a mi me molestaba mucho: la gente venía a mi oficina llorando y diciendo que no habían hecho nada mal, y preguntando si habían hecho algo mal, qué era”, rememora.

NO TENÍA MOTIVOS PARA NO FIARSE DE SUS CLIENTES

Todo empezó en 2014, cuando su marido, dueño de una agencia de niñeras, recurrió a ella preocupado porque varios padres le pedían ayuda: la Agencia Tributaria les había enviado unas cartas acusándolos de fraude con las ayudas de cuidados de sus hijos, les bloqueó la subvención, ignoró sus argumentos y les exigió devolver todo lo recibido con multas.

Algunos recurrieron a esta letrada española, que fue la primera en dar la voz de alarma. Otros pidieron ayuda más tarde a otros abogados, pero los hay que tiraron la toalla, asumieron que pelear por sus derechos contra una autoridad fiscal era una batalla perdida, se endeudaron, perdieron lo poco que tenían y pagaron el dinero que les pedían.

“Esta gente tenía sus trabajos y son gente honesta, yo no tenía motivos para no creerlos, y por eso he seguido y trabajado los casos simplemente enseñando al juez que tenían ese derecho, no he tenido que hacer cosas raras para que me dieran la razón, solo siendo constante y enseñando y explicando lo mismo. Llevo seis años diciendo lo mismo”, dice.

Cuando la Agencia Tributaria no entraba en razón, González Pérez decidió invitar a un periodista a un juicio para mostrarle lo que pasaba, que Hacienda no entregaba todos los papeles al juez, cuando ella sí los tenía porque se los había filtrado un funcionario, y eso hacía que sus clientes no pudieran defenderse, y los jueces decidían sin toda la información.

Después de batallas judiciales, mediáticas y parlamentarias, resultó que la Agencia Tributaria había establecido una lista negra en la que consideraba a los ciudadanos con doble nacionalidad como posibles defraudadores y no atendía a otras razones.

VOLVER A CREER

González Pérez subraya que “durante todo este tiempo, les habían quitado sus derechos” a sus clientes, pero “al final, sea como sea, (la ley) funciona” y “no han podido seguir tapando lo que pasaba”, indica. Advierte de que todavía faltan cosas por destapar, aún hay debates parlamentarios donde salen a la luz nuevos detalles, y promete trabajar “hasta el final”.

Sin embargo, tiene claro que “solo una dimisión no es suficiente, no arreglará el problema”. Ella se centra en “la vía jurídica, que dimita un gobierno o no, es un jaleo político entre políticos, ahora hay que compensar a las víctimas financiera y moralmente para que vuelvan a creer en un gobierno y en sus derechos. Recuperar esa confianza llevará muchos años y será difícil”, augura.

Algunos de sus clientes están satisfechos con la recompensa, otros creen que la “recompensa moral es más importante” y se preguntan “cómo van a creer en un gobierno que les ha hecho algo así”. Una dimisión “no lo va a solucionar todo” y más cuando “ha sido forzada, para evitar una moción que les hubiera mandado a todos a casa igualmente”.

“Lo que ha salido a la luz estos seis años es la práctica ilegal que tenían para controlar y quitar derechos a la gente, y esto supone que ya no lo pueden hacer”, sentencia. EFE

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