Activista hongkonés Joshua Wong enfrenta posible cadena perpetua por acusación de colusión

Hong Kong, 6 jun (EFE).- El activista prodemocrático hongkonés Joshua Wong, actualmente encarcelado, fue formalmente acusado este viernes de conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras, un cargo previsto en la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 tras las protestas prodemocráticas del año anterior.

Condenado el año pasado a cuatro años y ocho meses de prisión por su participación en unas elecciones primarias no oficiales bajo la Ley de Seguridad Nacional, Wong compareció hoy ante el Tribunal de Magistrados de West Kowloon para enfrentar este nuevo cargo, castigado con penas que incluyen la cadena perpetua.

La acusación, que se suma a las tensiones en torno a la aplicación de esta normativa, refuerza la ofensiva de las autoridades contra figuras clave del movimiento prodemocrático, en un caso que continúa generando críticas internacionales por la erosión de las libertades en la ciudad semiautónoma.

Wong enfrenta nuevas acusaciones por supuesta «conspiración para coludir con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional», así como por supuesto «tráfico de bienes de los que se sabe o se cree que son producto de un delito grave», este último cargo recogido en la Ordenanza sobre Delincuencia Organizada.

De acuerdo a la acusación, entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, Wong, junto al activista exiliado Nathan Law y otros individuos, habría solicitado a organizaciones y funcionarios extranjeros imponer sanciones o llevar a cabo acciones hostiles contra Hong Kong y China.

Asimismo, está acusado de instar a «obstruir gravemente» la formulación e implementación de leyes y políticas por parte de ambos gobiernos.

En virtud de la nueva Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, promulgada hace un año para cubrir las «lagunas» de la legislación de Pekín, los reclusos condenados por delitos contra la seguridad nacional deben cumplir un umbral más alto de la pena para acceder a la libertad anticipada.

Desde la entrada en vigor de dicha legislación, de alcance extraterritorial, los opositores exiliados están expuestos a medidas punitivas como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.

La norma ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una «nueva era de autoritarismo» que podría socavar el principio de «un país, dos sistemas», fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad.

Por otra parte, la Ley de Seguridad Nacional, insertada directamente por Pekín en la mini-constitución de Hong Kong en junio de 2020 tras un año de masivas protestas prodemocráticas, tipifica como delitos la subversión, la secesión, la colusión con fuerzas extranjeras y actos terroristas, definidos de manera amplia.

Esta ley otorgó a la policía amplios poderes que derivaron en cientos de arrestos, nuevos precedentes legales y la desaparición de decenas de grupos de la sociedad civil.

Las autoridades hongkonesas y chinas defienden que la norma restableció la estabilidad y la paz en la ciudad y han desestimado las críticas de socios comerciales, Naciones Unidas y oenegés.EFE

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