Activista lamenta reelección de procuradora salvadoreña de DDHH, que «obedece al Gobierno»
San Salvador, 16 oct (EFE).- La abogada y activista Ingrid Escobar lamentó este jueves que la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero, continúe en el cargo tras ser reelegida por el Congreso, y señaló que «la única función que ha realizado es la de obedecer al Gobierno de (Nayib) Bukele, en cuanto a ocultar graves violaciones a derechos humanos» en El Salvador.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), reeligió el miércoles a Caballero como procuradora de derechos humanos para un período de tres años, a pesar de los señalamientos de «encubrir» violaciones a derechos en el contexto de un régimen de excepción contra las pandillas, según organizaciones humanitarias salvadoreñas.
«Es lamentable la reelección de la procuradora Raquel Caballero porque, definitivamente, ha hecho cualquier otra cosa menos la defensa del pueblo», indicó Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), en declaraciones compartidas a EFE.
Para la directora de SJH, organización que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas en el contexto de la implementación de un régimen de excepción contras las pandillas, Caballero «tiene la potestad de activar mecanismos internacionales, como en las Naciones Unidas o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no lo ha hecho. Ni por las víctimas del régimen, ni por el pueblo en general».
«No impone su deber ante violaciones a los derechos humanos, a los derechos medioambientales, culturales, sociales o económicos», añadió.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) expuso, en un comunicado divulgado el martes, que «la procuradora, durante su gestión, ha debilitado la investigación y omitido la emisión de pronunciamientos sobre las violaciones sistemáticas de las autoridades penitenciarias, no ha verificado objetivamente la situación en las cárceles y públicamente ha negado que se hayan presentado denuncias sobre torturas y malos tratos» en las prisiones del país.
La principal crítica de las organizaciones de derechos humanos a Caballero es la de «encubrir» violaciones a derechos en el contexto de un régimen de excepción contra las pandillas, vigente desde marzo 2022 y que suspenden garantías constitucionales como el derecho de los detenidos a la defensa.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Para la diputada opositora Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), la procuradora «no tiene las credenciales para continuar en la institución» y aseguró que Caballero «ha hecho caso omiso a las miles de denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles» del país.
Caballero fue elegida para un primer periodo al frente de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) en 2016 a propuesta de tres partidos, entre estos los históricos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En 2022, la procuradora fue nuevamente electa, en esa ocasión con el apoyo del oficialista Nuevas Ideas (NI). Su segundo periodo concluyó el 15 de octubre y tras ser reelecta su gestión se extiende al 2028. EFE
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