Activistas advierten de más desalojos forzados de decenas de miles de masáis en Tanzania
Dar es Salam, 19 mar (EFE).- Activistas del pueblo masái de Tanzania denunciaron este martes que el Gobierno tanzano pretende seguir desalojando en 2024 a decenas de miles de personas de esta comunidad, sobre todo en el norte del país, con el objetivo de usar sus tierras para turismo, caza o proyectos de conservación. «El pueblo masái ha sufrido graves violaciones de sus derechos desde la época colonial», dijo en una rueda de prensa virtual Edward Porokwa, abogado masái del Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Pastoralistas Indígenas (PINGO’s Forum, en inglés). Tras la creación de una veintena de parques nacionales en las últimas décadas, «la tierra de la que fuimos expulsados (…) está una vez más bajo amenaza. Esta amenaza es, principalmente, para abrir la puerta al turismo de lujo, la caza deportiva, los créditos de carbono y las inversiones extranjeras», añadió el letrado. Roland Bole, investigador sobre Tanzania y Uganda de Amnistía Internacional (AI), destacó que «tierras usadas por los masáis para pastorear están cada vez más amenazadas por el establecimiento de áreas de conservación sin que sean consultados». Según los cálculos de los activistas, basados en datos demográficos públicos, hasta un millón de masáis podrían verse afectados este año por los planes de desalojo del Gobierno de Tanzania. Así, aseguran que las autoridades quieren que, antes de diciembre de 2024, 27.000 personas abandonen el Área de Conservación de Ngorongoro (NCA, en inglés), en el distrito norteño homónimo, mientras otros 43.000 masáis del distrito de Mbarari (centro) han recibido notificaciones de desalojo. Asimismo, diez aldeas situadas alrededor del Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro (norte) se verían afectadas por la ampliación de sus instalaciones, incluyendo a unas 20.000 personas. Porokwa responsabilizó de estas expulsiones tanto a los gobiernos que financian proyectos de conservación en la zona -Estados Unidos o Alemania, por ejemplo- como a empresas privadas y organismos como el Banco Mundial (BM). «Estamos investigando como estos negocios (a los que se han concedido licencias de caza) han estado implicados en violaciones de derechos humanos del pueblo masái», afirmó Bole. AI denunció el pasado junio en un informe el uso excesivo de la fuerza, las detenciones y las reclusiones arbitrarias en el marco de los desalojos forzosos perpetrados por las autoridades tanzanas, en concreto, en la división de Loliondo, también en Ngorongoro. «Estamos viendo una situación en la cual el Gobierno está impidiendo la entrada de misiones de verificación» para documentar esos abusos, lamentó el investigador de Amnistía. Desde 1959, cuando el pueblo masái fue desalojado del Parque Nacional de Serengeti a Loliondo, el Gobierno tanzano lo ha expulsado repetidamente de sus tierras tradicionales de pastoreo. Esta comunidad fue objeto de desalojos forzosos en 2009, 2013, 2017 y 2022 por las fuerzas de seguridad tanzanas, que afirman que las expulsiones son necesarias para la conservación del medio natural, si bien las tierras se han estado utilizando para actividades turísticas y caza deportiva. EFE rm-lbg/pa/jgb
