Ahorcadas tres personas en Singapur por narcotráfico, en pleno aumento de ejecuciones
Bangkok, 28 nov (EFE).- Tes hombres condenados por narcotráfico fueron ahoracdos esta semana en Singapur, en medio de un repunte de las ejecuciones por delitos por drogas en la ciudad-Estado asiática, con 15 en lo que va de año, según las autoridades isleñas, mientras ONG elevan el número a 17.
Dos hombres fueron ahorcados este jueves, entre ellos el malasio Saminathan Selvaraju, de 42 años, al día siguiente de que un ciudadno del país de 53 años también recibiera la pena capital, confirmó la agencia antinarcóticos de Singapur en su web.
Selvaraju, según ONG como Transformative Justice Collective (TJC), era conductor en una compañía de logística y defendió su inocencia hasta el final, después de pasar 12 años en el corredor de la muerte.
El malasio fue condenado por el tráfico de unos 300 gramos de diamorfina y, según TJC, apeló la sentencia, pero su solicitud fue rechazada a finales de agosto.
Las autoridades reiteran que los tres ejecutados fueron juzgados con «el debido proceso legal» y que «las peticiones de clemencia al presidente fueron infructuosas».
La nación asiática contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.
Los ahorcamientos han aumentado en Singapur este año, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.
De acuerdo con la Alianza Contra la Pena de Muerte, que engloba a varias ONG, entre ellas TJC, una mujer fue ejecutada a mediados de octubre por traficar con 26,29 gramos de heroína.
Al elevado ritmo de ejecuciones se suma un aumento de la presión contra los grupos que las denuncian, como TJC, con sede en Singapur.
La ONG indicó en enero en su cuenta de Instagram que dejaba de publicar en redes sociales hasta diciembre de 2026 porque habían recibido una notificación de la oficina que gestiona la ley de Singapur contra falsedades y manipulación en línea (POFMA).
Criticada por opositores y activistas, se trata de una ley de 2019 que otorga al Gobierno la potestad de decidir qué información es catalogada como falsa y contempla penas de cárcel para sus infractores.
Mientras, Singapur, gobernado de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos. EFE
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