Argelia prohíbe el derecho a huelga de ciertos funcionarios en sectores estratégicos

Argel, 24 oct (EFE).- El Gobierno argelino prohibió por decreto el derecho a huelga a ciertos puestos de funcionarios de una docena de sectores «estratégicos y sensibles», incluidos los ministerios de Defensa e Interior, la Justicia, finanzas, energía y educación para proteger la soberanía nacional y garantizar los servicios a la ciudadanía.

Tras la decisión del primer ministro Aïmène Benabderrahmane, el Boletín Oficial del Estado publicó una lista de personal que incluye los departamentos de Justicia, Interior, Protección Civil, Exteriores, Finanzas, Asuntos Religiosos, Energía, Transporte, Agricultura, Educación, Formación y Enseñanza Profesional.

Esta medida afectará a jueces, diplomáticos, imanes, controladores de navegación aérea y marítima, agentes de seguridad interior encargados de la protección de edificios e instituciones, miembros de Protección Civil, del servicio de Aduanas o de la administración penitenciaria entre otros.

El objetivo es, aseguró, «garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y la satisfacción de las necesidades fundamentales evitando interrupciones que podrían poner en peligro la vida, seguridad o salud de los ciudadanos».

Además estableció una segunda lista de sectores de actividades que requieren un servicio mínimo obligatorio- superior al 30 % del total del personal- entre los que se encuentran los servicios de guardia, emergencias, laboratorios de análisis médicos, servicios encargados de la producción, suministro y distribución de productos sanitarios y farmacéuticos.

Un mes antes, la Unión Nacional de Colegios de Abogados (Unoa) amenazó con una huelga nacional tras la negativa del Ejecutivo a retirar el proyecto de reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal- que debe votarse en el Parlamento- al considerar que no han sido consultados para su redacción y que supone una violación del principio de separación de poderes y no garantiza juicios justos.

El texto prevé endurecer las penas por los delitos de desacato y violencia contra profesores e imanes así como de fraude y falsificación «en todas sus formas, en particular la falsificación de documentos de residencia para la obtención indebida de terrenos o viviendas».

Por otro lado, concede a la Fiscalía la prerrogativa de iniciar automáticamente acciones contra delitos de injuria y difamación cometidos contra organismos públicos. Las autoridades defienden que se trata de simplificar los procedimientos de la Justicia y aliviar la presión sobre los magistrados. EFE

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