Bruselas dice que corresponde a España ver si regularización afecta a servicios públicos
Bruselas, 6 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) reiteró este miércoles que corresponde al Gobierno español evaluar el impacto de la regularización extraordinaria de migrantes en sus servicios públicos o si las personas que la solicitan suponen un peligro para la seguridad del país, en cuyo caso debe «adoptar las medidas necesarias».
El Ejecutivo comunitario trasladó a España esta responsabilidad durante una sesión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se debatió la queja de una ciudadana española sobre el impacto de la regularización en los servicios públicos en España y en el espacio Schengen de libre circulación europea.
«Es la responsabilidad de las autoridades nacionales evaluar si los nacionales de un país que solicitan un permiso de residencia suponen o no un riesgo para la seguridad pública de ese país, y en ese caso adoptar las medidas necesarias. También es la responsabilidad de ese Estado miembro evaluar el impacto en su sistema social y servicios públicos», señaló el funcionario de la dirección general de Interior que acudió a la sesión.
El representante del Ejecutivo comunitario reconoció que las acciones de un Estado miembro «pueden tener un impacto» en otros países europeos al tratarse de una zona de libre circulación, pero subrayó que obtener un permiso de residencia en un Estado miembro «no da autorización para asentarse libremente en la UE, sólo para vivir y trabajar en ese país».
«Si una persona con un permiso de residencia emitido por un país está ilegalmente establecida en otro país de la UE, esa persona debe volver al país que emitió el permiso de residencia. Las autoridades nacionales deben actuar con un espíritu de cooperación sincera y en base de la legislación que tenemos», recalcó.
La ciudadana que transmitió la petición, una enfermera llamada Aldara González Conde, criticó que la medida haya sido adoptada por Real decreto ley en lugar de tras un debate parlamentario y que el proceso se «aleje» del enfoque común del Pacto de Migración y Asilo comunitario.
La regularización «alimenta el efecto llamada, debilita los esfuerzos colectivos del control de fronteras exteriores y envía señales contradictorias en contra del principio de cooperación leal de la UE», recalcó González Conde, que pidió a Bruselas una evaluación urgente de su impacto en Schengen y en los servicios públicos.
Entre los eurodiputados que participaron en el debate posterior, el popular Juan Ignacio Zoido criticó que la regularización extraordinaria se haya firmado «a espaldas del Parlamento, a espaldas de la Unión Europea y vulnerando los compromisos» que asumió el Gobierno.
«Esta medida puede convertir a España en la puerta de entrada de la ilegalidad para toda la Unión Europea, generando un efecto llamada que no beneficia a nadie, salvo a las mafias», dijo Zoido, que pidió más detalles sobre los criterios del proceso, a cuántas personas afecta y su impacto.
Por contra, el socialista Juan Fernando López Aguilar defendió que se trata de una medida «congruente con el histórico de la propia Unión Europea», con hasta 40 procesos similares en los últimos 25 años incluyendo a gobiernos del PP, y negó que la migración sea predatoria de los servicios públicos o una amenaza para la seguridad».
«El Gobierno apuesta por una política que sé muy bien que es minoritaria en la Unión Europea, pero es un contrapunto del que el Gobierno está orgulloso. Es una política que aplica una mirada humanitaria y que estima los efectos favorables de las vías legales y seguras, que incluyen la regularización de quienes ya se encuentran en España», señaló López Aguilar.
Desde Vox, por su parte, Jorge Buxadé tildó a la regularización de «un torpedo en la línea de flotación de la seguridad, la identidad y la estabilidad económica y financiera de España» que «amenaza a toda la Unión y dinamita Schengen».
El portavoz europeo de Vox acusó a Sánchez de convocar a «cientos de miles de extranjeros que se hallaban ilegalmente en territorio europeo» para «ser regularizados sin que conozcamos su pasado, sin acreditar medios económicos, pasando a vivir directamente de los impuestos de la España productiva». EFE
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