Cámara de Minería de Ecuador presentó demanda de inconstitucionalidad por tasa de Gobierno
Quito, 9 jul (EFE).- La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador (CME), María Eulalia Silva, informó este miércoles que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de fiscalización minera impuesta por el Gobierno por considerarla un pago «desproporcionado» y que «pone en jaque a la industria».
«Una tasa así eliminaría a Ecuador del mapa como destino de inversión», señaló en una rueda de prensa Silva, quien también mencionó que «la fase de exploración» sería la más afectada, ya que deben abonar el pago sin todavía recibir beneficios económicos de la extracción.
La acción judicial se produjo después de que el Gobierno ecuatoriano aprobara una tasa para el sector con la intención de recaudar fondos que permitan un mayor control y lucha contra la minería ilegal.
La oposición del gremio fue firme desde el inicio y, de hecho, solicitaron formalmente la suspensión del pago durante «el proceso de diálogo» de ambas partes, algo que no fue aceptado por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
La presidenta insistió en que llevaban «cinco semanas pidiendo espacio para hablar de la tasa (en una mesa técnica con el Gobierno)» y, como no fue posible, se vieron «abocados a presentar esta acción de inconstitucionalidad».
Piden suspensión inmediata
El abogado constitucionalista Emilio Suárez explicó que la denuncia también incluyó la solicitud de suspensión inmediata de la tasa, que consideran que solo generará desempleo y auge de la actividad extractiva ilegal. El primer pago, ya en vigor desde finales del mes pasado, debe ser abonado por las empresas mineras antes del 31 de julio.
La acción se presentó de manera urgente, por lo que la CME considera que, una vez admitida a trámite, la Corte podría resolver el caso en unos seis meses (el procedimiento ordinario ronda los dos años y medio).
Además, la denuncia de la CME es la cuarta que se presenta ante la Corte Constitucional contra la tasa minera; después de que dos empresas del sector y un bufete de abogados hiciese lo propio.
«Es un impuesto encubierto»
Suárez desarrolló razones «de forma y fondo» por la que la tasa no cumple con los requisitos jurisprudenciales.
«Es un impuesto encubierto», reseñó matizando que los impuestos deben ser aprobados por iniciativa del presidente a través de un trámite legislativo y, finalmente, convertirse en ley. Una tasa tiene un proceso más sencillo y, en ese caso, fue emitida directamente por Arcom.
En cuanto al fondo, Suárez consideró que es una «tasa arbitraria e injustificada» que «viola todos los principios tributarios» porque puede servir de precedente para que, el día de mañana, el Gobierno imponga -por ejemplo- tasas a farmacéuticas y agricultores para combatir el tráfico de sustancias o tala ilegal. EFE
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