Carreteras ilegales, coca y ganadería agrandan la devastación de la Amazonía colombiana
Esneyder Negrete
San José del Guaviare (Colombia), 28 feb (EFE).- La Amazonía colombiana enfrenta una creciente devastación por la expansión de carreteras no autorizadas, la minería ilegal, la ganadería extensiva y los cultivos de coca, fenómenos asociados al conflicto armado y la débil presencia estatal que expertos consideran deben ocupar un lugar central en la agenda de las elecciones presidenciales de este año.
En medio del verde continuo de la selva aparecen franjas grises de tierra donde la tala es evidente y vías de color ocre se abren paso para conectar potreros, formando un mosaico irregular que fragmenta la vegetación, según pudo constatar EFE en un sobrevuelo por el costado noroeste del arco amazónico colombiano formado por los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta.
En varios puntos, columnas densas de humo se elevan sobre áreas intervenidas, señal de quemas activas que afectan amplios sectores de la serranía de La Macarena, los parques nacionales naturales Tinigua y Chiribiquete y las llanuras del Yarí.
«Hoy vimos una perspectiva general del avance de la deforestación de norte a sur. Hay un avance muy importante en varios núcleos y es crítico lo que ocurre en los parques Tinigua y La Macarena», afirmó a EFE el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero.
Datos desalentadores
Según el más reciente informe de la FCDS sobre deforestación, entre abril de 2024 y marzo de 2025 la tala de árboles en la Amazonía colombiana abarcó un área aproximada de 56.719 hectáreas.
Además, en los últimos siete años (2018–2025), la malla vial se incrementó en 8.018 kilómetros, y solo en el último año se abrieron 1.460 kilómetros de nuevas vías, a un promedio de cuatro kilómetros diarios.
El análisis técnico también muestra que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está ubicado a menos de 1,9 kilómetros de las carreteras abiertas, lo que confirma la estrecha relación entre expansión vial y pérdida de selva.
Sobre esta situación, Botero advirtió que la transformación también es significativa al oeste del resguardo Yaguará, en el núcleo del alto río Camuya, así como en el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, «por el avance de carreteras, cultivos de coca y lotes de ganadería».
Ganadería y cultivos ilícitos
El informe documenta además que en el arco noroeste amazónico se concentran 3,24 millones de cabezas de ganado -el 11,4 % del total nacional- y que el hato bovino en la región creció 86,1 % entre 2017 y 2024, muy por encima del promedio nacional.
«De cada diez hectáreas deforestadas en esa zona, 8,3 se destinan a pasturas, 1,5 a cultivos de coca y 0,2 a la apertura de vías ilegales», precisa el informe.
En materia de cultivos ilícitos, la Amazonía concentraba en 2023 el 25,6 % de las hectáreas de coca del país, y en los municipios del arco noroeste el área cultivada aumentó 88,9 % entre 2019 y 2023.
Durante el sobrevuelo también se observó lo que Botero describió como «un nuevo corredor de cultivos de coca» que va de sur a norte, desde la frontera con Putumayo, en el río Caguán, hasta la zona de La Macarena, en el Meta.
«Vimos una enorme magnitud en el avance de carreteras, en la instalación de grandes potreros y en un nuevo poblamiento del territorio. Y la selva está ardiendo», señaló.
Abandono e inseguridad
Aunque la Amazonía comprende el 43 % del territorio colombiano, su lejanía de los principales centros de poder hace que la crisis ambiental y social que atraviesa no ocupe un lugar central en el debate público.
Botero planteó que, además de la deforestación, la región enfrenta profundas brechas sociales y concentra algunas de las mayores cifras de pobreza multidimensional del país, por lo que consideró necesario que los candidatos presidenciales incorporen soluciones integrales para la Amazonía en sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.
La problemática ambiental, añadió, no puede desligarse del contexto de seguridad.
En varios de los municipios sobrevolados operan organizaciones armadas ilegales, entre ellas disidencias de la antigua guerrilla de las FARC agrupadas en el denominado Estado Mayor Central (EMC), así como otras facciones que se disputan el control territorial y corredores estratégicos para el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Muchos de estos territorios hicieron parte de la llamada zona de distensión durante el fallido proceso de paz del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) con las FARC, un antecedente relevante para entender las dinámicas actuales de ocupación y control territorial de los grupos ilegales. EFE
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