Chile busca superar a Pinochet 20 años después de su salida del Senado

Santiago de Chile, 4 julio (EFE).- Hace 20 años, el 4 de julio de 2002, el dictador chileno, Augusto Pinochet, dejó su cargo como senador vitalicio en el Congreso Nacional tras cuatro años de ejercicio, puesto que ocupó sin votación popular y en el que gozó de fueros y beneficios políticos, mientras se le acusaba de crímenes contra la humanidad.

La efeméride, prácticamente inadvertida en medios locales, coincide con la presentación de la nueva Carta Fundamental que la mañana de este lunes realizó la Convención Constitucional de Chile al presidente de la República, Gabriel Boric, un paso histórico que busca dejar atrás la Carta Magna heredada del régimen pinochetista (1973-1990).

Pinochet llegó al poder tras un cruento golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, inaugurando 17 años de dictadura que dejaron un saldo de decenas de miles de torturados y más de un millar de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.

Paralelo al despliegue represivo más grande que ha conocido el país sudamericano, concentrado en la oposición de izquierdas, Pinochet instauró además un modelo económico ultraliberal de la mano de los «Chicago Boys», un grupo de estudiantes conservadores que se formó al alero del economista estadounidense Milton Friedman e impulsó la privatización de servicios básicos como la educación, la salud, las pensiones y el agua.

En 1980 se aprobó, sin registros electorales, una Constitución que le nombró presidente del país hasta el 5 octubre de 1988, fecha en la que tuvo que hacer frente a un plebiscito en el que el pueblo de Chile decidió que no continuara en el poder.

Aún así, permaneció a la cabeza del Ejército de Chile hasta 1998, año en que pasó a ocupar un escaño vitalicio en el Senado y del que fue desaforado en el 2000 por múltiples acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

En 2002, presentó su renuncia tras su sobreseimiento en el caso «Caravana de la Muerte» en la Corte Suprema, evitando enfrenta un nuevo proceso de inhabilitación ante el Tribunal Constitucional.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Chile inició el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas contra la desigualdad que comenzó en 2019, las más grave desde el fin de la dictadura militar (1973-1990), con una treintena de fallecidos y miles de heridos.

El proceso constituyente es remarcado por algunos expertos como el «fin de la transición» desde el retorno de la democracia y da un giro al carácter del Estado chileno, pasando del rol subsidiario a uno de bienestar social parecido al europeo.

En una histórica ceremonia, Boric recibió un ejemplar del texto, que declara a Chile un Estado Plurinacional y consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medioambiente y engrosar los derechos de los pueblos indígenas son algunos de los temas principales de la propuesta.

Los chilenos tendrán dos meses desde hoy para estudiar el texto, que fue redactado durante un año por un órgano con escaños reservados para indígenas y paridad de género -el primero de su tipo en el mundo-, y decidir el 4 de septiembre si están satisfechos con él o si prefieren mantener la actual Constitución.

Pese a que la opción de aprobar el nuevo texto en el referéndum de voto obligatorio fue durante meses la mayoritaria, en los últimos tiempos no hay una tendencia clara y algunos sondeos muestran una mayor preferencia por rechazarlo.

La derecha chilena, que consiguió menos de dos tercios en la convención constituyente, votará en contra de la propuesta al encontrarla «radical», mientras que la izquierda oficialista se inclina por darle luz verde. EFE

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