Comienza juicio contra exalcalde por autorizar hidroeléctrica rechazada por Berta Cáceres

Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- Un tribunal de Honduras inició este martes el juicio oral contra el exalcalde del municipio de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda, acusado de abuso de autoridad por otorgar ilegalmente el permiso de construcción de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) indicó en un comunicado que Pineda autorizó la concesión de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca, sin realizar la «consulta previa, libre e informada».

Según la acusación, el exfuncionario municipal violó normas internacionales y nacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras en 1995, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También Raúl Pineda pudo violar instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia emitida por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Copinh, del que Berta Cáceres fue cofundadora, denunció que la imposición del proyecto Agua Zarca se realizó de forma «ilegal, ilegítima y violatoria» de los derechos de los pueblos indígenas.

El exalcalde pudo haber beneficiado a empresas

La organización sostiene que el actuar del exalcalde de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, «favoreció intereses empresariales por encima de la voluntad del pueblo» y contribuyó a la escalada de violencia que culminó con el asesinato de la ambientalista el 2 de marzo de 2016.

Cáceres se oponía a la construcción de Agua Zarca por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

La ambientalista, a quien fue galardonada en 2015 con el Premio Goldman, murió a tiros a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte.

En junio de 2022, Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue condenado a 22 años y seis meses de prisión, tras ser hallado culpable como coautor del crimen.

El juicio contra Pineda es «una oportunidad para reafirmar una verdad histórica: sin consulta previa, no hay legitimidad ni legalidad en ningún proyecto que afecte a los territorios indígenas”, subrayó el Copinh.

«Raúl Pineda no actuó solo. Representa un engranaje de un sistema de corrupción que ha operado impunemente en Honduras para beneficiar a empresas como DESA, responsables del saqueo de nuestros bienes comunes y de la represión a las comunidades organizadas», enfatizó.

En 2024, el exalcalde ya fue condenado por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones en el mismo caso, conocido como ‘Fraude sobre el Gualcarque’.

El Copinh hizo un llamado a que la justicia hondureña actúe con imparcialidad y celeridad, sancione a los responsables de las violaciones cometidas contra el pueblo Lenca y garantice la aplicación efectiva de la consulta previa, libre e informada.

También, exigió el cese definitivo de la criminalización y el despojo de los pueblos indígenas mediante proyectos extractivos impuestos sin consentimiento. EFE

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