Comité de la ONU critica a España por mantener a 41.000 alumnos en educación especial

Ginebra, 24 abr (EFE).- El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió este miércoles un informe sobre la situación en España, en el que criticó el mantenimiento de una educación especial que considera «segregadora» para unos 41.000 escolares de este colectivo separados del resto del alumnado. En consecuencia, el informe pide a las autoridades españolas «derogar, de forma prioritaria y urgente, toda ley vigente que permita o perpetúe la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en escuelas o centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias». El comité de Naciones Unidas, que vela porque los países respeten la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2007, también pide al Estado parte que revise o apruebe con urgencia leyes para que se reconozca la educación inclusiva y de calidad como un derecho del colectivo. Este derecho fue reconocido expresamente en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) de 2020 (conocida también como «Ley Celaá»), aunque matizado en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 que consideraba compatible con la Constitución la educación especial, después de que la LOMLOE fuera recurrida por Vox ante esa instancia. En este sentido, el informe se muestra preocupado por que «más de la mitad de los gobiernos autonómicos hayan hecho abogacía por la educación especial», o por el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox «alegando que la educación especial segregadora era un modelo educativo compatible con el artículo 27 de la Constitución Española». El informe añade que «ciertas comunidades autónomas continúan adoptando leyes que perpetúan la educación especial segregadora» o toman medidas para defender su mantenimiento, señalando como ejemplos a las comunidades de Madrid y Andalucía. El comité considera como «educación especial segregadora» no sólo aquella que se imparte en escuelas separadas de los centros ordinarios, sino también aquélla en aulas especiales de estos últimos. Matices a la LOMLOE Aunque el comité valora positivamente la «Ley Celaá», sí muestra inquietud por partes del texto que se basan en «enfoques biomédicos» lo que en su opinión también puede perpetuar la educación especial. El comité también denuncia que familias de personas discapacitadas que defienden su escolarización en la escuela ordinaria en España «pueden estar expuestas a una mayor oposición por parte de la Administración que aquellas que expresen preferencias por un régimen menos inclusivo». Por otro lado, indica en otro epígrafe, la escasez e insuficiencia de apoyo en los centros ordinarios empuja en ocasiones a familias a escolarizar a sus hijos en escuelas especiales. El informe también muestra preocupación por la insuficiencia de las medidas oficiales y de las campañas de sensibilización para reducir el acoso escolar a personas con discapacidad. Revisiones periódicas ante la ONU El informe del Comité de Naciones Unidas ha sido elaborado para revisar si España cumplió las recomendaciones que el órgano emitió en 2017, para lo cual se organizó el pasado marzo un diálogo de seguimiento en el que participaron autoridades españolas y representantes de organizaciones de personas con discapacidad. También participó el Comité Español de Representantes de Personas con Capacidad (CERMI), designado por España como mecanismo independiente de supervisión. En el informe se destacaron por otro lado diversos avances en España en materia de inclusión de los discapacitados, como muestran informes europeos que confirman al país como uno de los más comprometidos con la inclusión en la escuela. Según cifras de 2021-2022, el porcentaje de alumnos con «necesidades educativas especiales» que está escolarizado en la educación ordinaria (la práctica más inclusiva según el Comité) es del 83,8 %. El próximo seguimiento del comité de la ONU a España ha sido emplazado para 2029. EFE abc/is/ig