Corte de la ONU opinará sobre consecuencias legales de la ocupación israelí en Palestina
La Haya, 24 oct (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha decidido hoy celebrar audiencias públicas sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado”, a lo que seguirá la emisión de una opinión jurídica no vinculante de esta Corte.
Las audiencias comenzarán el 19 de febrero de 2024 y se centrarán en los argumentos de las partes sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este”, señaló la CIJ, que convoca estas sesiones en respuesta a una solicitud de una opinión consultiva al respecto.
La CIJ se centrará solo en las circunstancias de la ocupación, puesto que la petición le llegó antes de la actual escalada de la violencia en la región. El pasado 7 de octubre, milicias del movimiento islamista Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, penetraron en territorio israelí, al que además lanzaron miles de cohetes. En respuesta, Israel lanzó una contundente respuesta militar.
El balance deja 1.400 muertos israelíes y más de 5.000 palestinos fallecidos en Gaza, entre ellos al menos 2.055 niños. En Cisjordania, los enfrentamientos con las fuerzas israelíes y con colonos han causado la muerte de otros 95 palestinos, 28 de ellos niños, en las últimas dos semanas.
A petición de la ONU
En diciembre del año pasado, la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ una opinión consultiva basada en las reglas y principios de, entre otros, la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario, el de derechos humanos y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Un total de 87 países respaldaron esta petición a la CIJ, mientras que otros 26 Estados, incluidos Israel y Estados Unidos, votaron en contra.
“¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias relacionadas?”, preguntó la Asamblea.
Además, se cuestionó: “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel (…) al estatus jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que se derivan de ese estatus para todos los Estados y las Naciones Unidas?”
Naciones Unidas, los 193 países reconocidos por la ONU, y Palestina, que tiene estatus solo de “Estado observador”, han podido presentar información y argumentos propios sobre este caso hasta el 25 de julio pasado, y la CIJ recibió en ese plazo 57 escritos.
Además, la CIJ autorizó a la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, y la Unión Africana a participar en el procedimiento.
Las fronteras de 1967
Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino.
Los palestinos defienden su derecho a la libre determinación, independencia y el retorno de sus refugiados, mientras siguen creciendo los asentamientos judíos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional, que van acompañados de acoso, agresiones y desplazamiento de los habitantes palestinos, muchas veces con la connivencia de las fuerzas israelíes.
La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.
La CIJ consideró entonces que la construcción del muro y su régimen asociado eran “contrarios” al derecho internacional y “obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del territorio (…), así como el ejercicio de su derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado”.
Además, pidió “poner fin de inmediato a la violación de sus obligaciones internacionales” y respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, e instó a todos los Estados miembros a “no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada”. EFE
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