CPI tratará de confirmar cargos contra un Duterte atrincherado en el centro de detención
La Haya, 22 feb (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) iniciará este lunes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, sospechoso de crímenes de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas, una vista clave de la que el propio sospechoso se ausentará, alegando edad avanzada, salud deteriorada y falta de jurisdicción.
La audiencia, con sesiones fijadas del 23 al 27 de febrero, no es un juicio en sí, sino una fase preliminar destinada a determinar si existen pruebas suficiente para establecer “motivos sustanciales” para creer que el sospechoso cometió los tres cargos de crímenes de lesa humanidad que se le imputan.
En un plazo de 60 días, los jueces emitirán una decisión sobre si confirman o no los cargos.
Duterte, nacido en 1945, fue alcalde de la ciudad de Dávao antes de asumir la presidencia de Filipinas en 2016.
Crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía sostiene que fue fundador y jefe del llamado “escuadrón de la muerte de Dávao” (DDS) y lo considera responsable de asesinatos e intentos de asesinato como crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, periodo en el que Filipinas era Estado Parte del Estatuto de Roma, el tratado de la CPI.
En el documento de cargos, la acusación formula tres bloques: asesinatos en Dávao durante su etapa como alcalde; asesinatos de “objetivos de alto valor” durante su presidencia; y asesinatos y tentativas de asesinato en operaciones de “limpieza” en barrios durante el periodo presidencial.
Los 78 incidentes incluidos en los cargos son presentados no como hechos individuales sino como representativos de un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil.
Según la acusación, la violencia, inicialmente concentrada en Dávao, se extendió a nivel nacional tras su llegada al poder en 2016, con la participación de distintos actores estatales.
La defensa, encabezada por el abogado Nicholas Kaufman, rechaza que existan “motivos sustanciales” para confirmar los cargos y sostiene que las muertes vinculadas a la lucha antidrogas no responden a un plan criminal o una política institucional.
Ausencia del acusado
En un escrito presentado ante el tribunal el miércoles, el exmandatario solicitó formalmente renunciar a su derecho a asistir a la audiencia de confirmación de cargos, asegurando que comprende las consecuencias de esa decisión y que confía en su equipo legal.
También dejó claro que no desea seguir el procedimiento por videoconferencia, como sí hizo cuando tuvo que confirmar su identidad ante la CPI el 14 de marzo pasado, la última vez que se le vio en público, en una comparecencia virtual en la que se mostró aparentemente con voz cansada, lento, con ojos prácticamente cerrados y con dificultades para hablar.
No obstante, los médicos del Centro de Detención de la CPI, adonde llegó el 7 de marzo, habían asegurado entonces que “está en forma” y «mentalmente consciente».
En su petición del miércoles, Duterte alegó de nuevo, y por escrito, su avanzada edad y deterioro de salud: “No deseo asistir a procedimientos judiciales que olvidaré en cuestión de minutos. Soy viejo, estoy cansado y frágil”, señaló, añadiendo que ha aceptado la posibilidad de “morir en prisión”, aunque su “corazón y alma permanecerán siempre en Filipinas”.
También rechazó las acusaciones de haber supervisado una política de «ejecuciones extrajudiciales» durante su «guerra contra las drogas» en Filipinas, lo que tachó de “mentira escandalosa” promovida por sus adversarios políticos, y denunció que fue trasladado a La Haya “en flagrante contravención de la Constitución” de Filipinas.
Oposición y apoyo a Duterte
La Fiscalía y los representantes legales de las 539 víctimas autorizadas a participar en el procedimiento – muchas familiares de personas fallecidas – se habían opuesto a la ausencia del acusado la próxima semana, pero los jueces decidieron autorizarle a no comparecer al considerar que cumple los requisitos.
Sin embargo, en enero, los jueces ya resolvieron que Duterte está en condiciones de participar en esta fase preliminar del proceso, tras examinar los informes de un panel de tres expertos médicos independientes designados por la Corte.
Si los jueces confirman uno o más cargos, el caso será remitido a juicio; si consideran que la prueba es insuficiente, podrán rechazar los cargos o solicitar a la Fiscalía que aporte más pruebas o modifique la calificación jurídica.
“Iremos desmontando la prueba de la acusación”, prometió Kaufman, que anticipó que pedirá que no se confirme ninguno de los cargos, y reiteró que Duterte tiene graves limitaciones de memoria a corto plazo que afectan su capacidad para entender plenamente las imputaciones.
Mientras se libra la batalla judicial dentro de la sala del tribunal, los filipinos libran la suya en redes sociales y con pancartas: el ayuntamiento de La Haya ha autorizado dos manifestaciones frente a la CPI, una a favor y otra en contra de Duterte. EFE
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