Defensora del pueblo visita cárcel venezolana de mujeres y se compromete a revisar casos
Caracas, 4 may (EFE).- La titular de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, visitó este lunes el penitenciario Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), desde donde se comprometió a revisar los casos de detenidas.
«Quiero expresarle mi compromiso, mi firmeza, en establecer canales de enlace para que estos casos, muchos de ellos, sean revisados, especialmente la mujer privada de libertad», declaró González, según una transmisión del canal nacional Globovisión.
Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo tratará de trabajar junto con «diferentes dependencias» y generar una coordinación para dar «una respuesta distinta que satisfaga las expectativas de la ciudadanía».
La defensora estaba acompaña por autoridades del Programa para la convivencia y la paz, instalado el pasado enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para propiciar el diálogo entre varios sectores del país.
Más temprano, la Defensoría del Pueblo recibió a un grupo de familiares de presos políticos y se comprometió a recibir sus denuncias sobre torturas, tratos crueles e inhumanos contra sus parientes en diferentes cárceles del país suramericano, incluidos casos de detenidos de nacionalidad colombiana.
«Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando, en dos semanas tenemos más de 200 casos que estamos atendiendo», señaló el director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Ignacio da Costa, a las afueras de la institución, en el centro de Caracas, donde se encontraban los familiares.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 44 mujeres, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.
El Gobierno de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay «políticos presos», mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores. EFE
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