Puntuar el comportamiento cívico: ¿una idea compatible con la democracia?
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Puntuar el comportamiento cívico: ¿una idea compatible con la democracia?
El sistema de crédito social de China ha despertado temores sobre la posibilidad de que algo similar se implemente en otros países. Actualmente, un equipo suizo investiga cómo pueden evitar las democracias la adopción de este tipo de sistemas de puntuación social.
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Una sociedad que recompensa a las personas por aparcar bien o llevar una vida saludable puede parecer atractiva para algunos, pero inquietante para otros. Incluso si solo se premia —y no se castiga—, un sistema de puntuación social podría acabar marginando a quienes obtienen pocos puntos.
Experimentos piloto en China y películas distópicas han contribuido a generar conciencia sobre este fenómeno, conocido con distintos nombres. Mientras que sectores críticos con el Estado temen una forma de manipulación encubierta —lo que algunas personas llaman «empujoncitos» o nudging—, otras lo denominan sistema de bonificaciones, puntuación cívica, crédito social o scoring social.
«China no debería servirnos de referencia para definir lo que queremos en las sociedades de Europa Occidental», sostiene Johan Rochel, miembro de un equipo de investigación financiado por la Fundación Suiza para la Evaluación de Tecnologías (TA-Swiss), que presentará sus conclusiones en 2026.
Sistema de puntuación en la Alemania del futuro
Ya en 2020, un estudioEnlace externo encargado por el Ministerio alemán de Investigación planteaba un posible escenario en el que, durante la década de 2030, Alemania podría adoptar un sistema de puntuación social.
Según esa visión, un sistema así podría incluso mejorar la calidad de vida, gracias a una «optimización basada en datos de los servicios públicos”. La recopilación de puntos serviría como herramienta de predicción y gestión política, orientada a impulsar la economía y cumplir objetivos estratégicos.
Eso sí, el estudio subraya que un sistema de este tipo solo sería viable si se combina con mecanismos de democracia directa, integrados en la democracia representativa alemana. Al estilo de lo que ocurre en Suiza.
En ese futuro hipotético, una nueva forma de «democracia digital” establecería las reglas del juego. Con ayuda de asistentes digitales, la ciudadanía decidiría continuamente qué comportamientos deben ser recompensados: ¿la cortesía?, ¿un estilo de vida ecológico?, ¿la abstinencia de alcohol? Todas y todos deberían poder participar en la definición del sistema que los regula y premia.
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El estudio, que presenta este modelo como uno de los seis posibles escenarios para 2030, también advierte sobre sus riesgos. Un sistema de bonificaciones podría generar nuevos tipos de conflicto social. Quienes acumulen menos puntos que el resto difícilmente lograrían revertir su situación y quedarían atrapados en una posición de desventaja permanente.
La Unión Europea prohíbe el uso de IA para sistemas de scoring social
Desde la publicación de este estudio en 2020, la probabilidad de que este sistema se lleve a cabo ha disminuido: en 2024, la Unión Europea (UE) prohibió los algoritmos de IA (inteligencia artificial) que persiguen fines de puntuación social. En Suiza, sin embargo, aún no existe tal legislación.
El sinólogo Adam KnightEnlace externo, de la Universidad de Leiden, aplaude la decisión de la UE. A su juicio, este tipo de prácticas chocan frontalmente con los principios fundamentales europeos.
Desde la perspectiva de la UE, estos sistemas amenazan derechos esenciales como la privacidad, la igualdad y el debido proceso, al reducir a las personas a simples perfiles generados por algoritmos. Según Knight, el riesgo no es solo una vigilancia excesiva, sino también la aparición de formas de «discriminación automatizada».
Más de 50 leyes sobre crédito social en China
En ChinaEnlace externo el sistema se ha implantado ya a escala nacional. «En los últimos años, el sistema chino de crédito social ha evolucionado discretamente, pasando de los experimentos locales y los proyectos piloto sensacionalistas a la normalización legal y la aplicación burocrática», explica Knight.
Según el sinólogo, 2022 fue un punto de inflexión: «Desde entonces, las autoridades se han centrado en asegurar los mecanismos de crédito en la normativa nacional, y más de 50 leyes contienen ya disposiciones sobre este sistema de puntuación».
Las listas negras siguen desempeñando un papel clave, pero las reformas recientes han introducido mecanismos para «restaurar la reputación de créditos» y se centran más en recompensar y rehabilitar que en castigar. Algunos programas piloto —como los que registraban el consumo de alcohol o determinadas formaciones— han sido discretamente retirados. El enfoque ha pasado de la «disciplina moral» a una lógica más centrada en lo económico.
En lugar de un sistema de puntuación único, China ha desarrollado ahora una «infraestructura para la aplicación de la ley». Los datos sobre infracciones se utilizan para tejer una «extensa red de alertas» que puede limitar el acceso a préstamos, contratos, oportunidades laborales o servicios públicos.
«Lo que queda es una poderosa herramienta de gobernanza basada en datos, que actúa a través de la visibilidad: cuando se infringen las normas, siempre queda un rastro», explica Knight.
¿Y el registro de deudas en Suiza?
Pero, según Knight, la «elaboración de perfiles mediante algoritmos» ya está presente también en la Unión Europea. Por eso, la prohibición de este tipo de prácticas por parte de la UE abre el debate sobre cómo deberían regularse. La lógica de «premiar la confianza y castigar el riesgo» también está integrada «en muchos sistemas occidentales».
Knight cita ejemplos como AirBnB, Uber, Yelp o las agencias de calificación crediticia: en todos ellos, las puntuaciones y valoraciones tienen efectos importantes. Pero también identifica mecanismos comparables gestionados directamente por el Estado. «En Suiza, por ejemplo, el registro de deudas recoge públicamente los nombres de quienes no han pagado multas o facturas», señala.
Dado que una entrada en ese registro puede dificultar el acceso a una vivienda o incluso a un empleo, Knight considera que no está tan lejos de lo que sería una lista negra dentro de un sistema de crédito social.
La cuestión fundamental para el sinólogo no es si ocurre lo mismo que en China, sino «cómo influyen los datos y los perfiles de comportamiento en el acceso a los servicios en todo el mundo y qué salvaguardias existen para proteger los derechos individuales».
¿Cómo se identifica este sistema de puntuación social?
El investigador suizo Johan Rochel afirma: «El verdadero reto es saber reconocer cuándo estamos ante un caso de scoring social (o puntuación social)». El proyecto de investigación TA-Swiss busca precisamente contribuir a esta tarea: ¿cómo debería la sociedad definir el scoring social y de qué forma se puede identificar?
«Las directrices de la UE sobre inteligencia artificial prohíben el scoring social como una de sus aplicaciones», explica Rochel, «pero aún no existe una definición precisa de lo que abarca exactamente». Este jurista y filósofo considera que serán los tribunales quienes, en el futuro, establecerán con mayor claridad qué prácticas quedan dentro de esa prohibición.
Sin embargo, Rochel teme que tanto organismos públicos como empresas privadas sigan sin ser plenamente conscientes de si están empleando un sistema de scoring social o algo distinto. Le preocupa especialmente la falta de debate público al respecto y que estos sistemas se introduzcan de forma discreta, bajo el pretexto de proyectos piloto.
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Todos los ámbitos en los que está en juego el bien común resultan especialmente sensibles. Rochel pone como ejemplo un programa informático que causó revuelo en Suiza hace unos años, ya que permitía a los profesores denunciar a sus alumnos como vándalosEnlace externo. Desde entonces, ese sitio web ha dejado de estar operativo.
Ámbitos de riesgo: transporte, medio ambiente, sanidad
Además de la seguridad pública, sectores como el transporte, el medio ambiente y la sanidad también presentan riesgos, según Johan Rochel. Durante la campaña electoralEnlace externo, el actual canciller alemán, Friedrich Merz, propuso un descuento del 10% en el seguro de enfermedad para quienes cedieran sus datos sanitarios para análisis.
Rochel advierte que, aunque estas propuestas parecen inofensivas porque son voluntarias, en la práctica pueden convertirse en una obligación si el coste social o económico de no participar es demasiado alto. Por ejemplo, si la penalización económica o social por no compartir los datos es tan elevada que hace que la decisión de no participar sea inviable.
La propuesta de Merz fue muy criticada a principios de 2025. En Suiza, por su parte, ya se ha debatido este tema en el Parlamento, algo que Rochel valora como un mecanismo de protección contra una implantación silenciosa de estas medidas.
En 2020, el diputado suizo Thomas Burgherr preguntó al Consejo Federal (Gobierno) sobre el uso de «estímulos para modificar conductasEnlace externo» y cómo encajan con la democracia y el Estado de Derecho. El Gobierno respondió que ve estos «nudges» como una alternativa a las prohibiciones, y que la economía del comportamiento puede ser útil en áreas concretas.
Sin embargo, las personas responsables de un estudio alemán de ese mismo año muestran más dudas sobre el impacto real de estos mecanismos en las democracias actuales. Michael Astor, responsable del estudio, explicó que combinar estos sistemas con la democracia directa busca proteger contra abusos, evitar divisiones sociales y adaptar las políticas a las necesidades cambiantes.
Sin embargo, Astor también se muestra más crítico ahora: ante el giro hacia la derecha de muchas democracias, crece el escepticismo sobre controles sociales basados en etnia, racismo u otros criterios aplicados mediante estos sistemas. El efecto positivo esperado, de participación y configuración ciudadana, parece alejarse cada vez más.
Editado por David Eugster. Adaptado del alemán por Carla Wolff.
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