Diez años de la guerra antidrogas de Filipinas: miles de muertos y Duterte en La Haya
Bangkok, 1 jul (EFE).- Cuando se cumplen diez años del comienzo de la guerra contra las drogas en Filipinas, iniciada al comienzo del mandato de Rodrigo Duterte (2016-2022), el expresidente se encuentra en La Haya a la espera de juicio, pero no todo ha cambiado en el país: según oenegés los abusos policiales han continuado, mientras una comisión civil investiga los crímenes durante la campaña.
La operación antinarcóticos de Duterte se saldó con el asesinato extrajudicial de unas 6.000 personas, según los números policiales, una cifra que oenegés elevan hasta los 30.000 muertos.
El número de fallecidos ha seguido creciendo tras la llegada de su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., a un ritmo mucho menor: 1.273 muertos desde julio de 2022, según el recuento del Proyecto Dahas, de la Universidad de Filipinas.
Inicio de la campaña
El 1 de julio de 2016, en su primer día en el poder, Duterte dio plenos poderes a la Policía para acabar con el narcotráfico, incluida la potestad de disparar a matar si se sentían amenazados, en lo que se considera el inicio de la guerra contra las drogas.
«Cumplid con vuestro deber, y si en el proceso matáis a mil personas porque os defendéis, yo os protegeré (…) Si vais a la cárcel, yo iré con vosotros», dijo el exdirigente durante un discurso en julio de 2016 ante la Policía Nacional.
La sangrienta campaña antidrogas arrancó con una intensidad brutal. Solo en los primeros 100 días de mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales, entre ellos pequeños vendedores de droga, líderes de organizaciones criminales y adictos.
Al término de su mandato, el 30 de junio de 2022, las autoridades cifraban en 6.000 el total de muertes, pero organizaciones como Human Rights Watch (HRW) documentaron que la cifra de víctimas podría alcanzar las 30.000 si se incluyen asesinatos perpetrados por grupos parapoliciales conocidos en el país como vigilantes.
Duterte en La Haya
En su intento por eludir la justicia internacional, Duterte anunció en 2018 que sacaría Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Siguiendo los plazos, la salida se hizo efectiva en marzo de 2019.
El exdirigente defendió en todo momento que los supuestos delitos cometidos durante la guerra contra las drogas fueran juzgados por tribunales filipinos.
A pesar de los esfuerzos por esquivar la CPI, Duterte fue arrestado en marzo de 2025 en el aeropuerto internacional de Manila a su llegada de Hong Kong, a raíz de una orden por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la sangrienta operación.
El juicio contra Duterte, desde entonces encarcelado en La Haya, comenzará el 30 de noviembre de 2026.
Investigaciones domésticas-Marcos
Los tribunales filipinos apenas han juzgado un puñado de casos vinculados a la guerra contra las drogas. En 2018, tres policías fueron condenados a prisión por el asesinato de un joven de 17 años un año antes, mientras que dos agentes fueron juzgados en 2024 por muertes en 2016 y 2017.
Actualmente, la justicia filipina juzga a tres policías por el asesinato del español Diego Bello, quien murió tiroteado en enero de 2020 en la turística isla de Siargao (sureste de Filipinas), en una supuesta operación antinarcóticos.
Tras la salida de Duterte del poder, Marcos Jr. no ha revocado las órdenes emitidas por su predecesor, lo que se ha traducido en un constante goteo de muertos: 126 en los primeros seis meses de 2026, según Proyecto Dahas.
«Desde que Duterte inició su sangrienta guerra contra las drogas hace una década, los filipinos siguen siendo asesinados a pesar de la promesa de Marcos de emprender una campaña más humana contra las drogas», declaró este miércoles Lian Buan, investigadora para el Sudeste Asiático de HRW.
Comisión civil y el senador fugado
A mediados de mayo, la CPI ordenó el arresto del senador Ronald Dela Rosa, quien dirigió a la Policía Nacional entre 2016 y 2018 y, según la CPI, contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos de entonces.
Dela Rosa permanece en paradero desconocido desde el 14 de mayo, cuando huyó del Senado tras una noche de caos en la que se registró un tiroteo en el edificio.
En paralelo, en mayo se puso en marcha una comisión civil en Filipinas, conocida como «la Comisión de la Verdad» y liderada por Raul Pangalangan, antiguo juez de la CPI, con el objetivo de investigar y documentar los asesinatos de la era Duterte.
«No se trata de sustituir a los tribunales ni de determinar culpables. Se trata de construir un registro veraz y creíble que pueda guiar la rendición de cuentas», dijo Pangalangan durante la fundación de la comisión. EFE
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