Los tomates baratos de España podrían haber llegado a su fin
La mayoría de las frutas y verduras importadas que se venden en los supermercados suizos se producen en España. Aunque el aumento de los salarios, el endurecimiento de la normativa y la competencia de fuera de Europa están acabando con su posición dominante.
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Los tomates baratos de España podrían haber llegado a su fin
La autopista A-7 —también conocida como la autopista del Mediterráneo—bordea la parte oriental de la Costa del Sol, en el sur de España, tan apreciada por turistas y jubilados británicos y alemanes. Los coches de alquiler y los taxis que llevan a esta gente a los centros turísticos costeros y a los complejos de segundas residencias construidos durante el bum inmobiliario de la década de 2000 deben compartir la autopista con camiones que transportan frutas y verduras al resto de Europa.
A medio camino entre Málaga y Almería, las playas y los complejos turísticos dan paso a inmensas extensiones de invernaderos de plástico encajados entre las áridas colinas y el mar. La localidad almeriense de El Ejido, que destaca como una isla entre 13.000 hectáreas de invernaderos de plástico, es el ejemplo paradigmático del dominio español en la producción de tomates, pepinos y pimientos.
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El Ejido —el epicentro del «mar de plástico» que cubre casi 40.000 hectáreas (4,5 veces el tamaño de la ciudad de Zúrich) de la llanura costera del Campo de Dalías, en la provincia de Almería— es la mayor concentración de invernaderos de plástico del mundo. Según el Ministerio de Agricultura español, más de 16.000 de estos invernaderos producen alrededor del 40 % de las hortalizas frescas que se consumen en Europa durante otoño e invierno. En 2025, España representó un tercio de las importaciones suizas de hortalizas.
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La mano de obra barata y un clima casi perfecto garantizan un flujo constante de hortalizas fuera de temporada a precios con los que ningún otro país europeo puede competir. El precio medio en origen de los tomates en rama procedentes de España, en 2025, por ejemplo, fue de 91,41 € (84,30 francos) por 100 kg, frente a los 120,49 €/100 kg de los belgas. La diferencia todavía es mayor en los meses más fríos.
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Pero ese sistema basado en mano de obra inmigrante barata podría estar llegando a su fin. Las empresas agrícolas sienten la presión del aumento de los salarios. También la de los supermercados, que quieren mantener los precios bajos y, al mismo tiempo, garantizar unas condiciones laborales justas. Se enfrentan, asimismo, al escrutinio de la población preocupada por los niveles de pesticidas.
Cultivo intensivo
José Antonio Cánovas Zafra produce frutas y verduras. Pertenece a la cuarta generación en su familia y gestiona 1.500 hectáreas de tierras de cultivo en Almería, Murcia, Alicante y Albacete. Su empresa, Kernel Exports, vende sus productos por toda Europa, incluidos los supermercados suizos. En torno al 80 % de sus ventas se hacen mediante contratos de precio fijo por temporada que se acuerdan con antelación. También puede cultivar determinados productos bajo demanda.
«Un supermercado suizo tenía déficit de albaricoques ecológicos. Para satisfacer sus necesidades, plantamos 65 hectáreas. Otro minorista suizo ya no quería abastecerse de judías en Marruecos, y nosotros cultivamos judías ecológicas para ellos», explica a Swissinfo.
La empresa de Cánovas Zafra emplea a 250 personas en sus tierras de cultivo. Muchas, llegadas de Sudamérica o Marruecos. Pero la mayoría, indios y pakistaníes que emigraron a España para trabajar en la construcción durante el bum inmobiliario de la década de 2000 y que, tras colapsar el mercado en 2008, tuvieron que buscar un empleo alternativo.
«El salario mínimo ha aumentado más de un 30 % en los últimos cinco años. No competimos solo con los productos de Europa, sino también con los de Sudamérica, el norte de África, Sudáfrica y Europa del Este, donde la mano de obra cuesta menos de la mitad de lo que pagamos aquí», reconoce.
En España la brecha salarial entre migrantes y locales se está reduciendo y —según el sindicato Comisiones Obreras— ha pasado del 38,2 % en 2022 al 29,1 %, actual. En palabras del sindicato, esta mejora se debe, en gran medida, al aumento del salario mínimo, que beneficia de manera desproporcionada a los trabajadores migrantes, que suelen ocupar puestos de trabajo peor remunerados.
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El coste laboral por hora en España sigue siendo uno de los más competitivos de Europa. Con 26,40 €/hora, sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea (34,90 €) y de la de sus principales competidores, Italia (32 €) o los Países Bajos (47,90 €), dice Eurostat.
Pero los supermercados no están dispuestos a repercutir el aumento de los costes de producción en el precio final. A pesar de las relaciones que, desde hace décadas, mantiene con supermercados de toda Europa, Cánovas Zafra se ve presionado para suministrar productos de calidad a precios siempre bajos, ya que los supermercados están muy interesados en proteger sus márgenes. Este productor nos ha contado que —por la inflación que ha provocado la guerra de Irán— pidió a un supermercado (cuyo nombre no ha querido revelar) aumentar 0,04 francos en el precio de los melones contratados a 0,62 francos el kilo, pero no lo aceptó.
«Tras dos semanas de negociaciones, solo conseguimos aumentar 0,025 francos. Para un supermercado, 0,04 francos es el chocolate del loro, pero para nosotros puede ser la diferencia entre poder sobrevivir o perder dinero», señala.
Normativa sobre pesticidas
Además de las cuestiones laborales, está el tema de los pesticidas. Tras las alarmas del pasado, las familias y los supermercados desconfían de los pesticidas en los productos españoles. En la temporada 2006-2007, la reputación de Almería se vio afectada tras detectarse en pimientos de la región niveles de residuos de pesticidas superiores a los recomendados, incluido el pesticida organofosforado prohibido isofenfos-metilo. Durante semanas, los supermercados de toda Europa dejaron de vender pimientos de Almería y las exportaciones de pimientos españoles cayeron un 20 %.
Según el Eurobarómetro de 2025 sobre seguridad alimentaria en la Unión Europea (UE), cuando se preguntó por los problemas o riesgos asociados a los alimentos, la población mencionó sobre todo los contaminantes químicos (el 28 %), seguidos de los aditivos (el 17 %), la calidad (el 14 %) y el coste (el 12 %). Cuando se preguntó más detalladamente sobre temas específicos de seguridad alimentaria de los que tenían conocimiento, la lista de preocupaciones relacionadas con la seguridad alimentaria estaba encabezada por los residuos de plaguicidas en los alimentos (el 39 %) y los residuos de antibióticos, hormonas o esteroides en la carne (el 36 %).
En los últimos 25 años y atendiendo a las preocupaciones de la población, la UE ha reducido el número de sustancias activas autorizadas en los plaguicidas, que han pasado de más de 1.000 a unas 500 (de las cuales el 25 % son de bajo riesgo). Como consecuencia de esto, para mantener su forma de agricultura intensiva, los productores españoles de frutas y verduras pueden utilizar menos productos químicos. Además, los supermercados están estableciendo sus propias normas sobre plaguicidas. Unas normas que a menudo van más allá de los requisitos de la UE.
«Para nuestros clientes la legislación europea no es suficiente y cada uno está elaborando su propio protocolo sobre sustancias activas y límites máximos de residuos en los productos. No podemos fumigar, no podemos controlar los pulgones, y el mayor reto es conseguir la misma calidad con las herramientas limitadas que disponemos», afirma Cánovas Zafra.
Las cadenas de supermercados suizas Coop y Migros nos han confirmado que van más allá de los estándares legales mínimos de Suiza y de la UE. Tienen su propia lista de sustancias activas prohibidas, pero también exigen que la carga acumulada de plaguicidas sea baja.
«Existen límites específicos para los residuos múltiples por grupo de productos, lo que quiere decir que solo se puede detectar un número restringido de residuos de productos fitosanitarios en el producto, incluso si las sustancias individuales están por debajo de los niveles máximos de residuos legales», nos han respondido desde Migros por escrito.
Las normas de los supermercados suizos también van más allá del invernadero. Pueden extenderse, por ejemplo, al tratamiento poscosecha, la transformación, el almacenamiento y el transporte.
Coop, por su parte, nos ha dicho que «una diferencia clave es que Coop no se limita a evaluar los límites máximos de residuos legales individuales, sino que define requisitos adicionales a lo largo de toda la cadena de suministro».
Invertir en la resistencia a plagas y enfermedades
Para hacer frente al menor número de opciones químicas disponibles, España está impulsando soluciones alternativas. Entre esas alternativas está desarrollar variedades vegetales más resistentes. Esta estrategia es una de las razones por las que la empresa suiza de tecnología agrícola Syngenta ha invertido en un nuevo centro tecnológico de I+D de 10 millones de dólares (8 millones de francos) en El Ejido, Almería, en pleno «mar de plástico» de los invernaderos. Syngenta espera identificar enfermedades emergentes en los campos y los invernaderos para así, en un tiempo récord, desarrollar variedades vegetales resistentes.
«Un nuevo patógeno vegetal surge cada dos años. Desarrollar una variedad resistente lleva años, lo que significa que los agricultores pulverizan más o cambian a otros cultivos», apunta Uri Krieger, director global de I+D de Syngenta Vegetable Seeds.
Añadir a una variedad comercial mediante el método convencional de retrocruzamiento un nuevo rasgo —como la resistencia a las enfermedades—lleva, por lo general, entre seis y siete años.
Identificando las plantas más prometedoras en función de rasgos preseleccionados o utilizando marcadores genéticos y datos de rendimiento en el campo, Syngenta puede acelerar el proceso y reducirlo a solo tres o cuatro años. La empresa suiza de tecnología agrícola también está apostando por el fitomejoramiento en vez de los productos químicos, ya que desarrollar un nuevo pesticida viable comercialmente le cuesta a la empresa unos 300 millones de dólares y 12 años.
La solución podría ser automatizar
La automatización es una de las formas en que en Almería están tratando de mantener los costes de producción bajos. Vicasol —una cooperativa local con más de 1.000 productores afiliados y que gestiona al año 90.000 toneladas de tomates— solo en automatización para el sector del tomate ha invertido 6 millones de euros de capital propio en los últimos tres años. La automatización incluye sistemas de clasificación con inteligencia artificial y cámaras multiespectrales para analizar la calidad, brazos robóticos para cargar y descargar de los palés la fruta y vehículos guiados automáticamente, que pueden transportar y realizar el seguimiento de los productos en el almacén.
La cooperativa exporta en torno al 80 % de los tomates a países como Alemania, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Para Vicasol el invierno es la temporada alta, y en esa época del año su almacén funciona las 24 horas del día.
Vicasol no nos ha facilitado datos sobre el ahorro logrado gracias a la inversión en automatización. La empresa francesa de automatización MAF RODA, cuyos sistemas se han instalado en Vicasol, explica que los proyectos son muy personalizados y los resultados dependen de cada proyecto y del nivel inicial de automatización del almacén.
«Algunos clientes han reducido la plantilla en una línea de preclasificación de 30 personas y han pasado a gestionar todo el almacén con solo cinco personas por turno. Esto supone reducir los costes de mano de obra en un 33 % anual aproximadamente», afirma María Cabello, directora de marketing y comunicaciones de MAF RODA.
La inversión en automatización se amortiza en un plazo que va de dos años y medio a cuatro años, según Cabello. Con una vida útil prevista de entre diez y quince años, recuperar la inversión en este plazo está prácticamente garantizado. Pero la automatización, más allá de ahorrar costes, también aumenta la flexibilidad del almacén, sobre todo porque permite gestionar una amplia variedad de configuraciones de embalaje automáticamente, dice Cabello.
En Europa, sin embargo, la automatización de las explotaciones agrícolas sigue siendo muy baja, y España va a la zaga. En 2025 la Comisión Europea encargó un estudio sobre el porcentaje de las explotaciones agrícolas que no adoptan tecnologías digitales. Según dicho informe, solo España (con el 40 %) está por detrás de Irlanda (con el 36 %). Este ámbito lo lidera Polonia, donde solo el 4 % de las explotaciones no han adoptado tecnologías digitales.
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El Plan Estratégico de España para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura 2023-2027, enmarcado en la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, destina 1.500 millones de euros a adoptar tecnologías de agricultura de precisión y agricultura digital. Eso incluye ayudas a quienes adopten sistemas de riego inteligente, herramientas para monitorizar y apoyar la toma de decisiones digitales. La cifra solo representa alrededor del 3 % de la financiación de la PAC, que para este periodo asciende a casi 48.000 millones de euros.
«La digitalización es necesaria para que los agricultores puedan tomar decisiones con mayor precisión. Nuestros agricultores son resilientes, pero la resiliencia no puede ser una excusa para la inacción», indica Francisco Góngora Cara, el alcalde de El Ejido.
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Edición: Virginie Mangin y adaptación al español: Lupe Calvo y Carla Wolff.
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