Documentos revelan abuso de poder en caso de latina acusada de asesinato después de aborto

Los Ángeles (EE.UU.), 12 ago (EFE).- Los abogados de una mujer hispana, arrestada y acusada de asesinato por un presunto aborto autoinducido en Texas, entregaron este martes a un tribunal documentos que probaron “un grave abuso de poder” por parte de funcionarios texanos que presentaron los cargos y publicitaron el caso.

Lizelle González fue detenida bajo fianza de medio millón de dólares y acusada de «asesinato» por haber supuestamente «causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido» en 2022.

La hispana pasó cerca de tres días encarcelada antes de que el fiscal del condado Starr, Gocha Ramírez, retirara los cargos.

En febrero del año pasado, González presentó una demanda contra el condado de Starr, el fiscal Ramírez y la fiscal asistente Alexandria Lynn Barrera, entre otros funcionarios, que pidieron que se desestimara el caso bajo el argumento de que sus cargos les otorgaban inmunidad.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas que representa a la mujer, junto al bufete de abogados Garza Martínez, revelaron “un esfuerzo coordinado” entre la Oficina del Sheriff del Condado de Starr y la Fiscalía para violar los derechos de González y expone la mala conducta de funcionarios gubernamentales

Ramírez declaró bajo juramento que, cuando su oficina presentó el caso a principios de 2022, desconocía la sección de la ley estatal que prohíbe acusar de homicidio a una mujer por interrumpir su propio embarazo, según información citada por el Houston Chronicle.

No fue hasta que un colega le envió el fragmento del código penal que Ramirez detectó el problema y solicitó la desestimación del caso.

“Estos funcionarios abusaron de su poder y violaron intencionalmente los derechos fundamentales de la Sra. González. Su desprecio desmedido por el estado de derecho y su errónea creencia en su propia invencibilidad constituyen una desviación alarmante del propósito de la oficina: buscar justicia”, declaró en un comunicado Cecilia Garza, abogada de la hispana.

La mujer, cuyo apellido era Herrera en el momento de su arresto, acudió a la sala de emergencias en enero de 2022, después de usar misoprostol para «supuestamente inducir un aborto» cuando tenía 19 semanas de embarazo.

Los médicos que revisaron a González, en ese entonces de 26 años, encontraron que el feto tenía latidos en su corazón y la madre no experimentaba contracciones por lo que la mantuvieron en observación una noche y la dieron de alta, con una cita de seguimiento para cuatro días después.

Sin embargo, la hispana regresó a la sala de emergencia 40 minutos después con dolor abdominal y sangrado. Los médicos en ese momento no encontraron latidos del corazón en el feto, por lo que procedieron a practicarle una cirugía.

González fue arrestada en abril de 2022, después que el hospital informara a las autoridades sobre el hecho, en violación de las leyes federales de privacidad del paciente, detalla la querella legal.

La demanda, presentada en una corte federal de Texas, asegura que las policías locales no realizaron una indagación, pero la Fiscalía adelantó una basada en informes del personal del hospital para realizar la acusación.

Para abril de 2022, había un veto casi total al aborto en Texas, que prohíbe esa práctica en cuanto se detecte actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas

Sin embargo, no era la embarazada quien podía ser encarcelada en función de esa ley, sino los médicos u otras personas que la ayuden a abortar, por lo que esa legislación no justificaba la acusación contra González.

Lauren Johnson, directora de la Iniciativa de Defensa Penal del Aborto de la ACLU, dijo en un comunicado que González merece justicia por el trauma que le han causado a ella y a su familia.

“Seguiremos luchando contra la criminalización de las personas por las decisiones privadas que toman en relación con su embarazo”, agregó la abogada. EFE

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