Riesgos de deriva de proyecto de ley antiterrorismo

"No tenemos miedo", clamaban los franceses durante una manifestación de homenaje a las doce víctimas del atentado contra la redacción del periódico satírico Charlie Hebdo. La masiva concentración se produjo horas después del ataque, el 7 de enero de 2015. Keystone / Ian Langsdon

Pese a las críticas de la comunidad internacional, la cámara baja del Parlamento suizo acordó el martes reforzar el arsenal de medidas para combatir el terrorismo. “Más que castigar el acto terrorista, casi se trata de castigar la intención”, deplora Kastriot Lubishtani, doctoranda del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Lausana.

Este contenido fue publicado el 17 junio 2020 - 16:15

Aunque Suiza se ha librado hasta ahora de los ataques terroristas que han afectado a Europa en los últimos años, el Gobierno helvético está decidido a endurecer las medidas de lucha contra el terrorismo. La primera parte de su proyecto convenció el martes al Consejo Nacional (cámara baja), a pesar de las fuertes críticas sobre su compatibilidad con los derechos humanos. 

Esta parte de la futura ley antiterrorismo refuerza el derecho penal y la cooperación internacional contra el terrorismo. Entre otras cosas, introduce una nueva disposición penal que castiga el reclutamiento, el entrenamiento y los viajes en vista de un acto terrorista.  

El objetivo es permitir que Suiza ratifique el protocolo adicional de la Convención de Europa para la Prevención del Terrorismo, que firmó en 2015. Un objetivo loable que nadie discute. Sin embargo, su aplicación plantea un problema, ya que Suiza desea ir más allá de lo que exige el tratado. 

En nombre de la seguridad

En la derecha del espectro político, los diputados acogieron con beneplácito la firmeza del proyecto. “Lo que nos preocupa es la seguridad de los suizos. Si con este proyecto logramos evitar un solo atentado, salvar a una sola víctima, no habremos trabajado en vano”, argumentó Jean-Luc Addor, de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora). 

En la izquierda, inquieta la posibilidad de condenar a un individuo antes de que haya cometido un acto delictivo. La diputada ecologista Léonore Porchet denunció la exageración de la seguridad, señalando que el Código Penal había sufrido 60 adaptaciones en 13 años. “Cedemos parte de nuestra libertad para sentirnos un poco más seguros. Damos mucho para sentir un poco menos de miedo. Pero el miedo es un mal consejero”, lamentó. 

Los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, perpetrados por el grupo Estado Islámico contra restaurantes y una sala de conciertos, causaron 120 muertos y generaron conmoción dentro y fuera de Francia. Keystone / Ian Langsdon

Riesgo de condenar a inocentes

El proyecto de ley antiterrorista ha generado la ira de muchos expertos, tanto en el país como en el extranjero. 

Kastriot Lubishtani, doctoranda del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Lausana, está entre ellos. Cuestiona en particular la posibilidad de emitir una condena antes de que se cometa un delito. “Estamos tratando de criminalizar a la persona que va a tomar un autobús, por tomar un tren, por irse a entrenar para la yihad en otro país o la compra de una sustancia que tal vez podría, junto con otros productos, ser utilizada para fabricar una bomba en un futuro indeterminado. Nos situamos así muy lejos del acto que tratamos de prevenir”, señala. 

El riesgo: condenar comportamientos inofensivos y a personas inocentes. “Se asume que hay una intención, pero no se puede estar seguro, y más que castigar el acto, casi se castiga la intención”, subraya la especialista.  

Para evitarlo, Alemania ha desarrollado una jurisprudencia basada en el comportamiento de la persona. “Para condenar a alguien, debe demostrarse con pruebas concretas que está firmemente decidido a actuar”, explica Lubishtani. Se trata de proceder con cautela para permitir al investigador restringir la muy amplia naturaleza del delito. 

Una ley imprecisa

Numerosas ONG se han pronunciado en contra de la Ley Antiterrorista, pero no solamente. El pasado mes de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escribió al Gobierno suizo para advertirle sobre un texto redactado de manera imprecisa. El proyecto también fue objeto de críticas por parte de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. En una carta dirigida a la comisión parlamentaria de política de seguridad del Consejo Nacional, Dunja Mijatovic estima que varias disposiciones son problemáticas desde el punto de vista de los derechos humanos.

El debate no ha terminado, ya que la cámara baja discutirá el jueves la segunda parte del proyecto, aún más controvertida que la primera. El paquete prevé la introducción de nuevas medidas policiales para impedir que los posibles terroristas pasen al acto. 

Compartir este artículo