Lo que grupos opositores a las deportaciones en EE.UU. pueden aprender de Suiza

¿Votó la ciudadanía estadounidense a favor de las redadas antiinmigración en iglesias, hospitales y escuelas? La historiadora Lauren Stokes evoca las enseñanzas de la democracia directa suiza.

Desde que tomó posesión de su cargo el presidente estadounidense Donald Trump en enero de 2025, está cumpliendo su promesa de campaña de incrementar las deportaciones, algo que obviamente está disfrutando. Mientras el funcionariado de la administración declara que se están deteniendo a “los peores de los peores”, periodistas y grupos de investigación han demostrado que muchas personas detenidas no tienen antecedentes penales; en la mayoría de los casos parece que en lo único que han incurrido ha sido incumplir las leyes de inmigración. Parece que el objetivo es deportar a la mayor cantidad de individuos y con la mayor publicidad posible.

La actual administración anuló previas directrices que impedían que los cuerpos de seguridad pudiesen entrar en lugares sensibles como iglesias, hospitales y escuelas. Se han realizado detenciones en cualquier parte, desde guarderías hasta audiencias sobre la concesión del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Grabaciones oficiales y no oficiales de este tipo de incidentes han alertado a la población estadounidense ante la brutalidad de las autoridades encargadas de ejecutar las deportaciones.

Las iniciativas de James Schwarzenbach

¿Votó el pueblo estadounidense a favor de estas medidas? No es fácil corroborar esta hipótesis. El comportamiento electoral de la ciudadanía de Estados Unidos no ofrece indicios sólidos sobre la aprobación o no de determinadas medidas políticas.

Suiza, en cambio, ofrece un caso de prueba único que permite reflexionar sobre la manera en que las democracias llegan a consensos en materia de deportación de inmigrantes.

Su sistema de referéndums permite al electorado de este país una participación directa en las decisiones relativas a las políticas de expulsión. Probablemente, el caso más notorio constituye la votación popular de junio de 1970, cuando el político suizo James Schwarzenbach propugnó la implantación de un cupo máximo del 10% de población residente extranjera en Suiza. Si bien hubo dudas sobre cómo se llevaría a efecto este plan, se calcula que unas 350.000 personas hubieran tenido que abandonar el país si se hubiese aprobado la propuesta.  

Nada menos que el 75% del electorado –en aquel entonces únicamente compuesto por hombres– acudió a las urnas para emitir su voto. Finalmente, la iniciativa fue rechazada por el 54% de las personas votantes. Proponía al pueblo electoral un objetivo demográfico, pero sin aclarar los métodos para alcanzarlo. Schwarzenbach, por su parte, dijo que la clave consistiría en la “salida voluntaria” de la mayoría de la población extranjera. Pero, gracias al rechazo del referéndum, el Estado nunca se vio en la necesidad de hacer efectiva la salida “voluntaria” o de poner a prueba sus propios límites.

Demandas dudosas sobre salidas “voluntarias”

Las demandas que propugnaban que la población extranjera abandonaría el país “de forma voluntaria” eran dudosas. En primer lugar, las condiciones de la población inmigrante distaban mucho de ser idóneas. Suiza reclutó mano de obra extranjera para toda una gama de sectores industriales, pero al mismo tiempo impuso restricciones a la residencia que hacían que las personas afectadas tuvieran que vivir en condiciones altamente precarias. A los hijos y las hijas de los “trabajadores temporeros” se les prohibió incluso la entrada al país.

Mientras muchos progenitores dejaban a sus hijos e hijas en sus respectivos países natales, una minoría significativa los trajo a Suiza sin permiso, por lo que alrededor de 50.000 niños y niñas vivieron como inmigrantes clandestinos junto con sus padres entre 1949 y 1975. El hecho de que decenas de miles de progenitores se vieran obligados a tomar esta decisión en lugar de abandonar Suiza es una muestra de los grandes problemas que entrañaba la migración. No obstante, muchos se quedaron a pesar de estas dificultades. ¿Cuánto más hubieran empeorado sus condiciones de vida si Schwarzenbach hubiese tenido éxito?

Referéndums similares tuvieron lugar en 1974 y 1977. Sus promotores seguían insistiendo en la voluntariedad de las medidas que proponían. En un discurso a favor del referéndum, el político derechista Valentin Oehen se quejaba que la prensa estaba haciendo sensacionalismo con las expulsiones: «400.000 extranjeros se deberán ir a casa, o mejor dicho, serán expulsados. ¿Por qué no escriben: se permite a 400.000 extranjeros volver a casa? Al fin y al cabo, por lo general, a la gente le gusta volver a casa si tiene la oportunidad de hacerlo». Ambas votaciones fracasaron, cada una con un margen mayor que la anterior. A partir de 1971, las mujeres pudieron participar en las votaciones y engrosaron las filas de aquellos que rechazaban las propuestas.

Lea aquí todos nuestros artículos sobre la introducción del sufragio femenino en Suiza:

Deportaciones con vuelos de Swissair

A pesar del rechazo reiterado del electorado suizo a imponer un límite rígido a la población extranjera, las deportaciones fueron normalizándose poco a poco fuera del foco mediático. En la investigación histórica se habla de un “cambio paradigmático” en relación con la política de expulsión de finales de los años setenta y principios de los ochenta. En 1982, el Estado comenzó a monitorizar e informatizar las estadísticas de deportaciones. Las autoridades de asilo y la policía de extranjería empezaron a coordinarse, mientras el principal objetivo de las deportaciones se alejó de los extranjeros criminales para centrarse cada vez más en las personas cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas. El Estado también introdujo la detención previa a la expulsión para individuos considerados como una amenaza pública.

La compañía aérea nacional Swissair se hizo cargo de muchas de las deportaciones, y los cantones con participaciones en la compañía pública incluso podían reservar billetes de vuelo con descuento para llevar a cabo las expulsiones. Mientras algunos representantes de la sociedad civil se oponían a estas políticas, se beneficiaban, por otro lado, los partidos de la derecha cada vez que una deportación alcanzó notoriedad. Suiza realizó su primera deportación con un vuelo chárter en noviembre de 1985. Cuando un medio periodístico descubrió la operación, el Ministerio federal de Justicia publicó un comunicado de prensa justificando la acción, lo cual, por un lado, escandalizó a la abogacía defensora del asilo, mientras que, por el otro, alentó a la militancia de la derecha política a exigir del Estado que realizara las deportaciones todavía con mayor rigor. Hubo incluso gente que dirigía amenazas de muerte contra aquellos políticos que consideraban demasiado blandos en materia de expulsión.

En mi labor científica he abordado la historia de la migración, y el libro en el que estoy trabajando ahora se centra en la historia de la aviación civil internacional desde la perspectiva del colectivo de viajeros, incluidos los pasajeros involuntarios, es decir, las personas deportadas. Tanto los Estados de Norteamérica como los países de Europa occidental recurrieron a la aviación para incrementar sus capacidades de deportación en los años 1980 y 1990, al tiempo que trataron, en cierto modo, de ocultar ante la opinión pública estas políticas expansivas en materia de deportación.

El referéndum de la Unión Democrática del Centro

En Suiza, la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) politizó temas como el asilo y la inmigración en los años noventa, logrando con ello erigirse en el partido más votado del país. La UDC lanzó una serie de referéndums sobre asuntos relacionados con la inmigración. En dos votaciones incluso pidió a la ciudadanía que se expresara concretamente sobre la política de deportación. En 2010, la formación política derechista presentó una propuesta sobre la expulsión automática de personas extranjeras condenadas por crímenes violentos o abusos del sistema social. Los carteles publicitarios, con los que la UDC pedía el voto favorable al referéndum, mostraban una oveja blanca que echaba a patadas de la bandera suiza a una oveja negra. El material de propaganda electoral invitaba al electorado a protegerse contra determinadas amenazas extranjeras, como un tal «Iván S., violador, ¿y suizo dentro de poco?», o un tal «Ismir», estafador del sistema de bienestar. Las fotos y los nombres ficticios hacían referencia a estereotipos racistas sobre hombres originarios de Oriente Medio y Europa del Este. El referéndum fue aprobado con una mayoría del 52,9% de los votos.

Y en 2016, la UDC convocó un segundo referéndum sobre el tema de las deportaciones, en el que propuso expulsiones automáticas de personas extranjeras que durante un período de diez años hubiesen cometido dos infracciones leves, como posesión de marihuana, hurto o exceso de velocidad. Este referéndum fracasó, obteniendo, no obstante, un 41,1% de votos favorables. Los grupos opositores al referéndum lograron convencer con éxito a la mayoría de que esta forma de coerción estatal era desproporcionada.

Un gobierno publica imágenes que celebran las deportaciones

Mientras la UDC utilizó mayoritariamente material ficticio para sus campañas, la Administración Trump está produciendo propaganda basada en contenidos que muestran campañas de expulsión reales: en las cuentas oficiales de la Casa Blanca en las redes sociales se comparten imágenes que celebran los vuelos de deportación. Agentes de las autoridades de control de la inmigración graban sus acciones policiales para utilizarlas en anuncios ultranacionalistas y para animar a la gente a presentarse a un puesto en este cuerpo estatal.

Es desconcertante ver todo esto como historiadora. Muchos de mis materiales de archivo proceden de grupos de la sociedad civil que se oponían a las deportaciones y que daban por sentado que con la publicidad de sus acciones podían animar a otras personas a oponer resistencia. Estos documentos narran la historia de una constante lucha por la visibilidad: mientras el Estado intenta ocultar las deportaciones, los activistas tratan de destaparlas.

Viendo como Estados Unidos está regodeándose en sus capacidades aumentadas en materia de deportación en este siglo XXI, tengo la sensación inquietante de que mis activistas de la sociedad civil se han equivocado, o que al menos no tienen la razón en todo.

La Administración Trump busca controlar la visibilidad mediante la producción de gran cantidad de imágenes de sucesos que quiere que el gran público vea, como las detenciones y las fotos policiales de aquellas personas que, con cierta plausibilidad, pueda tildar de “peor de lo peor”; el objetivo es que estas imágenes nos hagan insensibles ante los hechos de los que el gobierno quiere que apartemos la mirada. Puedo mirar durante horas y horas grabaciones de gente que es detenida en las calles y de aviones llenos de migrantes que despegan, pero eso no es óbice para que la brutalidad de las detenciones y las condiciones al interior de esos aeroplanos sigan siendo una incógnita. Y no hay mayor incógnita que la vida de aquellas personas que fueron deportadas. 

¿Existe una mayoría democrática favorable a las deportaciones?

Pese a las evidencias que existen de que una mayoría de la ciudadanía estadounidense rechaza la actual escalada de las deportaciones, no hay visos de que se detenga en este inicio del segundo año de la presidencia de Trump. El espectáculo de masas de las deportaciones es una de las pocas promesas de campaña que Trump está cumpliendo, mientras sus promesas de mejorar la vida de la ciudadanía estadounidense de a pie suenan a falso cada vez más.

¿Qué nos enseñan los referéndums suizos sobre el consentimiento popular a las deportaciones? En primer lugar, y en los términos más sencillos, que es posible alcanzar una mayoría democrática a favor de las expulsiones. Pero después de hecho, puede que se revoque otra vez la decisión tomada. En ambas series de referéndums, la aprobación mayor a la expulsión en masa de las personas extranjeras se registró en la primera votación, un apoyo que fue decayendo sucesivamente en los posteriores comicios. En segundo lugar, el electorado suizo parece que distinguió entre los diferentes tipos de delitos por los que quería que se expulsaran a los individuos foráneos convictos. 

La UDC tuvo éxito con el referéndum que prometía deportar a “los peores de los peores”, pero fracasó cuando hizo campaña a favor de más competencias para la expulsión de personas extranjeras que sólo habían incurrido en infracciones de las normas de circulación, en simples hurtos o en trasgresiones contra la ley de inmigración. Grupos de oponentes a las deportaciones reivindicaron con éxito que estas personas formaban parte de la sociedad.

Texto original editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del inglés por Antonio Suárez Varela. Versión en español revisada por Carla Wolff.

Las opiniones expresadas por la autora no reflejan necesariamente las de Swissinfo.