El Gobierno de Italia impugnará la sentencia que le obliga a indemnizar a una ONG
Roma, 20 feb (EFE).- El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni cargó este viernes de nuevo contra los jueces al anunciar que impugnará la sentencia que obliga al Estado a indemnizar con más de 76.000 euros a la ONG alemana Sea-Watch por el bloqueo de su barco en 2019.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó este viernes que el Ejecutivo agotará los recursos legales contra el fallo del tribunal de Palermo que establece que se deben reembolsar los gastos derivados de la retención del buque ‘Sea Watch 3’ entre octubre y diciembre de 2019.
«Hasta ahora lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo: confrontaremos este tipo de sentencias impugnándolas y valorando el sistema judicial que prevé tres grados de juicio», respondió el ministro en un acto en Roma a preguntas de los periodistas sobre el caso.
Los hechos ocurrieron después de que la capitana de la embarcación, la activista Carola Rackete, desafiase la política de «puertos cerrados» del entonces ministro Matteo Salvini para desembarcar a 42 migrantes en la isla italiana de Lampedusa (sur).
Tras pasar 17 días en el límite de las aguas territoriales, Rackete rompió el bloqueo en una maniobra en la que la embarcación humanitaria golpeó a una patrullera de la Guardia de Finanza (policía económica italiana), lo que supuso su arresto inmediato y posterior liberación.
La propia primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que la decisión la deja «literalmente sin palabras» y recordó que Rackete embistió a una embarcación de las autoridades italianas.
«¿Cuál es el mensaje que se intenta transmitir con esta serie de decisiones objetivamente absurdas? ¿Que una parte politizada de la magistratura está lista para interponerse ante cualquier ley que se haga?», cuestionó la mandataria en un vídeo en sus redes sociales.
La sentencia judicial, que Sea-Watch ha celebrado como un triunfo de la «desobediencia civil», llega en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, tras varios reveses legales a la estrategia de deportaciones del Gobierno en centros fuera de territorio nacional.
Meloni acusó hace dos días a los jueces de «obstaculizar sistemáticamente» sus acciones contra la «inmigración ilegal de masas» después de que no dejasen que expulsase a un hombre de nacionalidad argelina con antecedentes penales.
Por su parte, Matteo Salvini, actual vicepresidente y protagonista de los hechos de 2019, vinculó el fallo con la próxima cita electoral para la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de carreras entre fiscales y jueces.
«Quienes no voten el 22 y el 23 de marzo para cambiar esta bendita justicia, son cómplices de los agresores», afirmó Salvini en un video publicado en sus redes sociales.
En la misma línea, el partido de Meloni Hermanos de Italia (FdI) utilizó la red social X para preguntar: «¿Qué justicia es esa que castiga al Estado que hace cumplir las normas y premia a quienes se jactan de no respetarlas?».
De cara al referéndum, se avecina una larga y dura campaña, con una magistratura que acusa a Meloni de intentar debilitar su independencia y una oposición que utilizará el plebiscito para desgastar al Gobierno de cara a las próximas elecciones generales. EFE
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