
El Gobierno de Perú defiende la polémica suspensión de las investigaciones a Boluarte
Lima, 20 ago (EFE).- El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, aseguró este miércoles que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender las investigaciones abiertas contra la presidenta, Dina Boluarte, protege la institución de la Presidencia y muestra que la Fiscalía se había extralimitado al comenzar varias pesquisas contra la mandataria.
«Lo más importante y destacable aquí es que se ha dicho lo siguiente: en un Estado democrático, constitucional y de Derecho, la separación de poderes es fundamental para la convivencia de las instituciones», dijo Arana a la agencia estatal Andina.
Este martes, el Tribunal Constitucional ordenó suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.
«Se demuestra que todo el accionar anterior (de la Fiscalía) no ha tenido el atributo de legalidad, de legitimidad y mucho menos ha contribuido a sostener la democracia en nuestro país», sostuvo Arana.
Agregó que el fallo del TC demuestra que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, se había excedido en sus funciones.
Además, consideró que la importancia de esta sentencia es que señala cuál es el procedimiento para investigar al presidente «quien quiera que sea», y ha zanjado cuales son las atribuciones del Ministerio Público respecto a la figura presidencial.
Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos de 49 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.
La mandataria, que es la gobernante más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, se encuentra también investigada por el caso ‘Rolexgate’, por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo como relojes de alta gama.
Asimismo, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.
De acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos estos expedientes fiscales y otros más deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el próximo 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o ganador de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad del próximo año. EFE
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