El Gobierno Ecuador insiste en «Ley Antipillos» rechazada en la Asamblea Nacional

Quito, 30 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador devolvió a la Asamblea Nacional (Parlamento) la denominada «Ley Antipillos», que buscaba combatir el lavado de activos de estructuras criminales, pero que la Cámara rechazó y archivó por considerar que gravaba con más impuestos a los ciudadanos.

El presidente del país, Daniel Noboa, notificó la devolución de la resolución legislativa a través de una carta dirigida a la titular de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, del opositor movimiento Revolución Ciudadana.

Noboa, en la misiva, aseguró que la norma legislativa establece que un proyecto legal calificado como urgente en materia económica, como en este caso, puede ser archivado sólo en un segundo debate del pleno de la Asamblea, según el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Asimismo, recordó que el «Proyecto de Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos» o «Ley Antipillos» fue entregada al Legislativo el 8 de noviembre pasado.

El trámite parlamentario de este caso, al ser una propuesta de carácter urgente en materia económica, debe cumplirse en el plazo de 30 días, pues si excede ese lapso entraría en vigor por fuerza de ley.

«Recordamos a los asambleístas que los tiempos establecidos para el trámite de la ‘Ley Antipillos’ siguen su curso, por lo que el Gobierno, en su momento, sabrá responder con base a la Constitución», señaló el Ejecutivo en un comunicado oficial.

La propuesta incluía regulaciones de control y reformas institucionales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), aunque los legisladores consideraron que la iniciativa no encaraba el problema medular sobre el análisis y la verificación del origen ilícito de los recursos económicos que ingresan a la economía formal .

La propuesta de Noboa se enmarcaba, según él, en la lucha contra el crimen organizado y sus fuentes de financiación, al considerar que la delincuencia organizada es la causa para la grave situación de violencia que se abate sobre el país desde hace unos cuatro años.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles, controladas por estructuras criminales.

Si bien el Gobierno ha reportado una disminución del 17 por ciento en el número de homicidios a nivel nacional, no cesan las denuncias sobre extorsiones, secuestros y asesinatos en el país. EFE

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