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Cómo Suiza quiso imponer sanciones a Ucrania sin llegar a aplicarlas realmente

Dos soldados vigilan un edificio; delante de ellos, las banderas de Ucrania y Suiza
Visita al palacio Mariyinsky, la residencia ceremonial del presidente ucraniano. Keystone / Anthony Anex

Con frecuencia la neutralidad suiza causa incomprensión en el extranjero. Sin embargo, también dentro de sus fronteras existen visiones discrepantes sobre cómo debería gestionar sus relaciones con Ucrania, por ejemplo. Análisis.

Las leyes dicen mucho sobre cómo un país se ve a sí mismo, aunque a veces también sucede lo mismo con las leyes que no se llegan a implementar. Cuando, en febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania a gran escala, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos impusieron sanciones extensas contra organizaciones y personas en Rusia, a las que también se adhirióEnlace externo Suiza.

Lo que muchas veces se olvida es el hecho de que Suiza también decretó sanciones contra Ucrania como país beligerante, las cuales se justifican por el derecho de neutralidadEnlace externo suizo que establece que el Estado neutral no debe «suministrar apoyo militar» a ninguno de los países en guerra, con independencia de quién es el agresor.

El Gobierno suizo hizo uso del derecho de necesidad para impedir la exportación de bienes a Ucrania que pueden ser utilizados en el ámbito militar. Dado que este derecho de necesidad tiene una duración limitada en el tiempo, se tendría que haber aprobado una ley al cabo de cuatro años. Dicho de otro modo: Suiza tendría que haber decretado sanciones en debida forma contra Ucrania.

Sin embargo, después de un tira y afloja no se va a materializar dicha ley. Eso significa que la situación seguirá siendo la misma también en el futuro. No obstante, las discusiones son reveladoras porque dicen mucho sobre el debate nacional en torno a la neutralidad, aunque también sobre el margen de maniobra limitado que la neutralidad impone a Suiza en política exterior.

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El proyecto de ley no se materializó porque la mayoría de los partidos y de las asociaciones comerciales se opusieron. Sin embargo, eso no cambia nada en la práctica de la concesión de autorizaciones de exportación, como señalaEnlace externo el gobierno: «Las prohibiciones de exportación y tránsito relevantes desde el punto de vista del derecho de neutralidad seguirán regulándose sobre la base de la legislación vigente en el ámbito del material de guerra y del control de bienes».

En otras palabras: las sanciones se mantienen intactas, pero se renuncia al efecto llamada de una ley especial que seguramente hubiera causado mucha incomprensión en los Estados con los que la Confederación mantiene relaciones amistosas. En los últimos años, los países vecinos criticaron reiteradamente el oportunismo de Suiza.

En el debate parlamentario previo, el historiador y político liberal-ecologista Marco Jorio criticó la «probablemente única ley antiucraniana del mundo». «Imagínense que Suiza sancionaría a Ucrania, un país atacado, con una ley nacional antiucraniana sustentada en un presunto derecho de neutralidad. Esto es absurdo», afirmó.

Sobre la base de la denominada Ley sobre los embargosEnlace externo, Suiza puede decidir de manera autónoma si se adhiere o no, y de qué manera, a las sanciones de la ONU, la OSCE o de sus «socios comerciales más importantes» (a diferencia de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que debe adoptar obligatoriamente).

La Ley sobre el material de guerraEnlace externo establece la normativa relativa a la producción y la exportación del material de guerra. Prevé que el material de guerra suizo no puede ser exportado a países que se encuentran en una situación de conflicto interno o internacional.

La Ley sobre el control de bienes de doble usoEnlace externo regula cuestiones en torno a los «bienes militares especiales», que incluyen chaquetas antibalas, cascos protectores o redes de camuflaje, bienes que tampoco pueden ser exportados a Ucrania.

Pero las críticas contra esta política continúan, aunque sigue manteniéndose, pese a la falta de base legal. Preguntada por este medio, la consejera nacional socialdemócrata Franziska Roth comentaba: «Quienes no hacen diferencia entre el agresor y el atacado, se declaran en bancarrota moral». Si bien dice estar satisfecha por no haberse aprobado la ley, lamenta que el gobierno siga con su «política antiucraniana» y que la apuntale sobre una «nueva base legal muy arriesgada».

En el otro extremo se posiciona el partido conservador, la Unión Democrática del Centro (UDC), que como partido más votado es muy crítico con las sanciones contra Rusia. Ya en 2022 alertóEnlace externo que las sanciones destruirían «la credibilidad de la neutralidad». Recientemente, el consejero nacional Jean-Luc Addor reiteró esta posición en una entrevistaEnlace externo con el periódico ruso ‘Isvestiya’, próximo al gobierno. Políticos de la formación derechista no contestaron a preguntas de Swissinfo sobre esta temática.

En el debate previo a la votación, el Partido Liberal Radical (PLR), de orientación liberal-burguesa, fue la única formación política en mostrarse favorable a la propuesta. Sin embargo, ambos partidos no se posicionaron frente al proyecto de ley rechazado.

Estas discusiones políticas en el contexto nacional contrastan con los esfuerzos diplomáticos que Suiza emprende en el ámbito internacional. De hecho, la Confederación ya ha organizado varias conferencias internacionales sobre la guerra y una serie de conversaciones entre las partes beligerantes en Ginebra. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo ha reiterado su voluntad de intermediar en las negociaciones.

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El poder de las palabras

El debate gira en torno a una peculiaridad de la neutralidad suiza, que emana esencialmente de la Convención de La Haya de 1907. El derecho de neutralidad invocado por el gobierno se basa principalmente en este convenio, del cual el Ejecutivo helvético también deduce el precepto de la igualdad de trato, que Suiza aplica de forma estricta.

Especialistas en derecho internacional público críticos con esta política son de la opinión que la Carta de las Naciones Unidas anula precisamente este precepto de igualdad de trato en el caso de una guerra de agresión. Desde el punto de vista del derecho internacional, Ucrania puede defenderse contra la agresión rusa por tratarse de una clara vulneración de la prohibición de la violencia, establecida por la ONU, según la cual, las ayudas para la víctima de la agresión son compatibles con la neutralidad.

La posición suiza en esta guerra fue criticada reiteradamente por otros Estados europeos, por ejemplo, cuando se frenó la reexportación a Ucrania de material de guerra comprado a Suiza.

Recientemente, el ministro de Exteriores Ignazio Cassis desató un debate al afirmar que Suiza tenía que «apañárselas» en este mundo agitado, es decir, buscar un camino pragmático para defender sus intereses nacionales. Cuando se le criticó por el uso de esta palabra, el consejero federal no sólo no se retractó, sino que incluso se reafirmóEnlace externo: «apañárselas» no es un defecto, sino el «principio de una política prudente».

El hecho de que mucha gente en Suiza se sintiera irritada no se explica tanto por la naturaleza sutil e ingenua del término, sino por la circunstancia de que, al fin y al cabo, la política exterior suiza funciona así. Para los progresistas, Suiza no muestra suficiente entereza, mientras que va demasiado lejos para los aislacionistas.

Estas posturas irreconciliables también se pueden observar en las relaciones de Suiza con Ucrania. El juego de equilibrios se nota, por ejemplo, en la terminología empleada. El Gobierno suizo habla de sanciones impuestas contra la Federación Rusa, mientras utiliza el giro «medidas en relación con la situación en Ucrania» al referirse al adversario del país agresor.

Rusia se reafirma en su posición de que Suiza ha abandonado su neutralidad con la adopción de las sanciones, a pesar de que Suiza está apoyando alrededor de 30 diferentes regímenes de sancionesEnlace externo, en parte desde hace décadas.

¿Y qué sucede con la población suiza? En un sondeo de principios de año, el 80% de las personas encuestadas defendieron la neutralidad, mientras que una mayoría del 56% estaba a favor de las exportaciones de armas a Ucrania. Por consiguiente, gran parte de la población no parece ver ninguna contradicción en ser neutral y suministrar armas a la vez.

Es probable que las discusiones continúen. Todavía este año se someterá a votación popular la ‘Iniciativa sobre la neutralidad’ que, entre otras disposiciones, pretende introducir en la constitución una amplia prohibición de sanciones.

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Editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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